La medida y el diagnóstico de este recién gobierno tripartito (la tercera pata corresponde al inmarcesible Rufián) vienen dados por el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Esta última baza en la toma de poder por parte de un personaje plagiador convertido en presidente del Gobierno del Reino de España no podía ser más hiriente y vergonzosa contra el Estado de Derecho. Solo un político sin escrúpulos e iletrado como Sánchez podría convertir a la anterior ministra de Justicia en fiscal general.
Con este nombramiento se cierra el círculo de poder total que impondrá este Gobierno a los ciudadanos españoles. Porque se ha nombrado como garante de la justicia del Estado a la exministra que ha sido piedra de escándalo por sus relaciones con las cloacas del poder en el caso Villarejo, cuya prueba fue la publicación de unas conversaciones en las que Delgado calificaba un negocio de prostitución y espionaje como un éxito garantizado. Un nivel moral de esta catadura debería servir para abandonar definitivamente el servicio público pero, como siempre pasa en el entorno socialista, le ha valido a Delgado para reafirmarse en el círculo de poder sanchista, donde se mezclan la masonería, los cachorros fanáticos del aparato del PSOE, la vieja guardia socialista de bareto en gasolinera de carretera nacional, el garzonismo del exjuez Garzón, el comunismo de terraza del otro Garzón y todo el tinglado chavista como cabeza de puente para la invasión de Europa del socialismo del chándal… Todo ello pastoreado por el supremacismo catalán.
Además de afrontar una querella criminal por supuesto tráfico de influencias y prevaricación, planteada por Vox, en su etapa ministerial; lo preocupante ahora será el nuevo cometido de esta jurista cuyo poder será omnímodo en la Fiscalía y estará influido tanto por la Moncloa como por Iglesias (el vicepresidente cuarto) así como mediatizado por las terminales políticas del separatismo catalán.
Y será muy preocupante sobre todo en lo referente a las libertades civiles de expresión y comunicación porque toda disidencia se intentará neutralizar, como pasa en las repúblicas castristas, bolivarianas, kichnerianas, la Rusia de Putin o la China postTiananmen.
El heraldo de este nuevo régimen de éxito garantizado es Iglesias, quien ya sugirió a la fiscalía de que actuase contra el periodista Hermann Terstch por un tuit.
Será un régimen que convertirá el Estado en un aparato de poder autónomo y retroalimentado por la mayoría de los medios de comunicación. El eximio filósofo conservador recientemente fallecido Roger Scruton, un desconocido para la clase política española que a lo único que llega es a "El Principito" por la derecha y a Simone de Beauvoir por la izquierda, decía que cuando el Estado se hace autónomo de la sociedad a la que representa sólo se preocupa de sí mismo y de sus intereses. De ahí que ya se hable de acabar con la "judicialización de la política" para que el poder no tenga límites, de "progresismo" (término acuñado por el genocida Stalin) para blanquear políticas liberticidas o de lo "social" eufemismo que sirve para conseguir la servidumbre voluntaria de la sociedad. Todo esto está argumentado con lenguaje "inclusivo", la gran aportación de la izquierda española a la cultura universal.
Este nuevo régimen no puede ser más que un éxito garantizado, como el tinglado del comisario