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Castellanohablantes de España

El levantamiento de barreras lingüísticas es el mayor éxito del separatismo. Muchos castellanohablantes tenemos la convicción de que los Poderes Públicos españoles no han tenido especial interés en reconocer y garantizar nuestros derechos lingüísticos. Po

José Domingo
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El pasado 6 de junio se presentó en Madrid el Manifiesto "Por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en toda España". El Manifiesto, promovido por ciudadanos que residimos en comunidades autónomas con diversidad lingüística, se puede leer y suscribir en la página www.castellanohablantes.es.

Tres son los temas clave que aborda: la existencia de una comunidad lingüística hispanohablante, el reconocimiento de los derechos lingüísticos a sus integrantes y el ejercicio efectivo de esos derechos ante los Poderes Públicos.

Es evidente que hay en España una comunidad lingüística castellanohablante. Sus integrantes residimos en todo el territorio nacional y, además, somos mayoría en las comunidades autónomas con cooficialidad de lenguas. La constatación de esa evidencia, sin embargo, es casi un tabú y su mero planteamiento despierta incomodidad, incluso, entre los que lo comparten. A ello ha contribuido, sin duda, la presión de los nacionalismos disgregadores, que han fundamentado su razón de ser en la idea de naciones lingüísticas puras. Para algunos de sus ideólogos —Antoni Rovira i Virgili es un buen exponente— el derecho a la autodeterminación depende de la lengua propia de la comunidad. De ahí concluyen que, además de Portugal, en la Península Ibérica existen otras cuatro naciones que pueden ser Estado: Países Catalanes (zona en la que se habla catalán), Euskadi (donde se habla vasco), Galicia (donde se habla gallego) y Castilla —equiparada a España— (donde se habla castellano).

El hecho de que la comunidad lingüística hispanohablante esté presente en todos los territorios de España desmonta el artificio de la nación lingüística pura en el que han asentado sus aspiraciones de Estado. No es de extrañar, por tanto, que sea Cataluña ―visto el proceso en el que está inmersa― el lugar donde genera actualmente mayor hostilidad la visualización de esta comunidad. La fórmula que utilizan los sectores más recalcitrantes para combatirla es negar la territorialidad del castellano en Cataluña e identificar a sus hablantes como colonos, tal como hace el controvertido Manifiesto del Grupo Koiné. Otro método de desactivación consiste en la creación de una asociación de castellanohablantes ―Súmate― que adopta complacientemente un rol secundario. Estos castellanohablantes no defienden sus derechos lingüísticos y su fin es ampliar la base social del separatismo en las zonas con mayoría hispanohablante.

De todas formas, la marginación de los castellanohablantes se ha extendido —bien es cierto que con diferente intensidad— a otras comunidades autónomas con nacionalismo lingüístico. Esa es la razón que justifica que castellanohablantes de diferentes partes de España hayamos alertado sobre las graves y múltiples consecuencias que están detrás de determinadas políticas lingüísticas.

Un segundo aspecto que aborda el Manifiesto es el de la igualdad de los derechos lingüísticos de la comunidad hispanohablante. Tanto las formaciones políticas clásicas como las nuevas defienden en sus programas la igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones. Sin embargo, cuando se pasa esa proclamación por el tamiz de la praxis política concreta, las cosas cambian. Así, los derechos lingüísticos de los castellanohablantes no son uniformes en toda España por las discriminadoras medidas de normalización lingüística llevadas a cabo por algunos gobiernos autonómicos y también por la connivencia de importantes formaciones políticas de ámbito nacional. Basta observar los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas y las prácticas de las Administraciones Públicas en territorios con cooficialidad lingüística para comprobar que la política educativa, la de contratación pública, la cultural, la de fomento, la de acceso a la función pública, la informativa, la de señalización viaria… ignora o relega los derechos lingüísticos de los castellanohablantes.

La asunción del plurilingüismo en las instituciones estatales empieza a hacer fortuna entre los partidos políticos y así se puede comprobar al leer sus programas electorales. La seducción por la singularidad territorial no alcanza, sin embargo, en muchos casos al respeto a la diversidad lingüística y cultural interna en las comunidades autónomas y administraciones locales.

El Manifiesto parte del principio de reciprocidad al declarar que el reconocimiento y el ejercicio de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes ha de ser compatible con el respeto y pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos de otras comunidades lingüísticas en los territorios con cooficialidad lingüística. Este aspecto es trascendental, los catalanohablantes tienen que tener los mismos derechos en Artesa de Segre que en Sabadell y los gallegohablantes en Pontevedra que en Vigo pero también los hispanohablantes deben disfrutar del mismo reconocimiento en Lugo, en Sevilla y en Tarragona. Sin embargo, en este último caso no es así y ya está afectando a la movilidad interna en nuestro país. El levantamiento de barreras lingüísticas es el mayor éxito del separatismo.

En cuanto al tercer eje del manifiesto (el ejercicio efectivo de esos derechos ante los Poderes Públicos), cabe subrayar que para el Tribunal Constitucional la declaración de oficialidad de una lengua conlleva que ésta se convierta en un medio normal de comunicación en y entre los poderes públicos y en la relación que estos mantienen con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos. Por ello, los ciudadanos tenemos derecho a la escolarización y a relacionarnos activa y pasivamente con las Administraciones Públicas en la lengua oficial o en las lenguas oficiales del correspondiente ámbito territorial. Sin embargo, muchos castellanohablantes tenemos la convicción de que los Poderes Públicos españoles no han tenido especial interés en reconocer y garantizar nuestros derechos lingüísticos. Por eso nace el manifiesto, para que los actores políticos y los ciudadanos tomen conciencia de la trascendencia política, social, cultural y económica que tiene asumir que hay castellanohablantes en toda España y que nuestros derechos han de ser completos y no residuales y subsidiarios.  

José Domingo es Presidente de Impulso Ciudadano. Promotor del Manifiesto "Por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en toda España".

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