Falacia número uno: el Estado del Bienestar corre muy serio peligro a causa de los graves problemas financieros que arrostran las comunidades autónomas. Falacia número dos: causa común de los desequilibrios presupuestarios que padecen las comunidades autónomas es la profunda caída de sus ingresos tributarios, consecuencia fatal de la honda recesión económica en sus respectivos territorios. Falacia número tres: el gran incremento del gasto regional durante el periodo inmediatamente anterior a la crisis fue motivado por la transferencia de un servicio en extremo oneroso, el de la sanidad. Falacia número cuatro: las recientes mutilaciones del presupuesto sanitario que, por ejemplo, ha sufrido Cataluña, aunque tristes, hubieran sido igual de inevitables con independencia de la mayor o menor eficiencia en la administración de los fondos públicos. Falacia número cinco: la factura del chocolate del loro secesionista, si bien escandalosa desde el punto de vista moral y simbólico, se antoja insignificante en términos absolutos.
Evidencia incuestionable número uno: tal como ha acreditado el profesor Ángel de la Fuente, del CSIC, a día de hoy el gasto real, esto es descontado el efecto de la inflación, de las comunidades es superior al de 2003. Dicho de otro modo: las autonomías disponen de presupuesto suficiente al objeto de ofrecer un nivel de prestaciones idéntico al que brindaban en los años 2004 o 2005, periodo en el que nadie denunció peligro alguno para la pervivencia futura del sistema. Evidencia incuestionable número dos: el 80% del déficit autonómico es fruto exclusivo del incremento arbitrario del gasto corriente; y apenas el 20% restante obedece a la leve disminución de ingresos ocurrida tras el inicio de la recesión. Un rally, el de la alegre prodigalidad, que se tradujo en un incremento del 33% en el gasto por habitante entre 2003 y 2009. No se trata de una errata, he escrito el 33%. Y que no nos vengan con el cuento de la sanidad, la sanidad ya estaba íntegramente traspasada antes de 2003.
Evidencia incuestionable número tres: la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, ente institucional que forma parte de la Generalitat, ha certificado en su último informe público que, en 2007, el Gobierno autonómico decidió pagar como si fuera propia una deuda de 1.000 millones de euros que correspondía a TV3 y Catalunya Ràdio. Mil millones de euros que coinciden exactamente con los mil millones de euros del recorte en el gasto sanitario catalán. Pero no quedarían ahí las dádivas para con los funcionarios del agitprop. Pues en los últimos cinco años las subvenciones a fondo perdido con destino a la CCMA (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ) han ascendido a 2.500 millones de euros (415.000 millones de pesetas). Al tiempo, varios hospitales del Servicio Catalán de Salud lucen el cartel de "En venta" dado lo insostenible de su mantenimiento.
Evidencia incuestionable número cuatro: la plantilla de TV3, con una audiencia potencial de 7,5 millones de espectadores, asciende a 2.700 personas; más del doble que Tele 5, que, con un mercado potencial de 47 millones, dispone de apenas 1.104 empleados. La nómina de esa TV3 supone para los contribuyentes españoles 160 millones de euros cada año. Y el salario medio de los empleados del canal alcanza los 62.000 euros; esto es, el equivalente a unos 3.600 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas. Así las cifras, el Gobierno del tripartito consideró en 2010, o sea en plena crisis, que hacía falta aumentar la nómina en 3,6 millones de euros adicionales. Y se procedió a ello sin mayor dilación. Evidencia incuestionable número cinco: nos han tomado por tontos.