A mí me gustaría poder escribir hoy que en Cataluña no se cumple la ley en materia de idiomas. Pero ocurre que eso no es cierto. Porque lo en verdad grave, lo increíblemente grave de cuanto acontece allí con la persecución institucional e institucionalizada de la lengua española remite a que el acoso se produce con el asentimiento expreso tanto del Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, léase Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Gobierno de España. Lo inconcebiblemente grave, decía, es que la persecución del español se ajusta por entero a Derecho. El pogromo lingüístico resulta ser legal y bien legal, sí.
Al punto de que el resultado efectivo de una sentencia firme, esa que obligaría a impartir en los centros docentes de Cataluña un 25% de las materias curriculares en la lengua común de la nación, se sustanciará a partir de ya, en cuanto dé inicio el curso, en la supresión inmediata y forzosa del uso del castellano en las dos docenas de colegios de la demarcación donde, siempre merced al exclusivo valor personal de unos padres admirables, se había logrado implantar su uso docente. Para eso, para terminar de acabar con el uso residual del castellano en las aulas, habrá servido en la práctica la famosa sentencia.
La Generalitat, como acostumbra, se ha reído de los jueces vía otra treta leguleya, la de provocar una anomia lingüística deliberada en los centros. Así, no se podrá aplicar el porcentaje del 25% porque la nueva ley, esa que votó con necio entusiasmo el PSC, desconoce la existencia oficial de porcentajes. Un truco barato de robaperas. Por su parte, los jueces del TSJC, siempre tan gallardos y heroicos, han rechazado imponer medidas cautelares para no meterse en más líos. Como el Gobierno, que podría haber congelado la aplicación de esa tomadura de pelo con solo presentar un recurso ante el Constitucional. Algo que, por supuesto, se ha apresurado a descartar. Recurso que, por cierto, igual estarían legitimados para interponer tanto el grupo parlamentario del PP como el de Vox, al contar ambos con más de cincuenta escaños en el Congreso. Solo queda, pues, la calle.