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José Luis Requero

Jurado: una reforma pendiente más

Probablemente el caso Bretón es un ejemplo de lo que no debería llegar a un jurado popular.

José Luis Requero
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Probablemente el caso Bretón es un ejemplo de lo que no debería llegar a un jurado popular.

Probablemente el caso Bretón es un ejemplo de lo que no debería llegar a un jurado popular. Se trata de un caso mediático al cien por cien, en el que la opinión pública ha podido seguir en vivo y a diario la instrucción durante estos dos años; esa misma opinión pública ya ha hecho un pre-juicio a golpe de manifestación, de tertulia de radio o televisiva, o ambas a la vez, o de reality show. Por tanto, cuando los miembros del jurado tengan que emitir su veredicto se corre el riesgo de que sean conscientes de que no juzgan a un procesado cuya inocencia se presume, sino a un condenado. Llevar la contraria a esa opinión pública, que ya ha sentenciado al procesado, es muy duro, y esto afecta tanto a jueces legos como profesionales. Probablemente el caso más sonado de esa influencia sobre un jurado haya sido el caso de Dolores Vázquez, condenada a quince años por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 1999, tras años de juicio mediático. El veredicto del jurado fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Posteriormente fue condenado Tony Alexander King.

Pero este temor no es sólo mío. Hace unas semanas el ministro de Justicia calificaba de "preocupante" que la resolución final adoptada por los jueces o por un jurado popular pueda verse "condicionada" como consecuencia de un "prejuicio formado por la opinión pública". Aun así, en el caso de que haya miembros del jurado dispuestos a enfrentarse al juicio sin prejuicio alguno, tendrán ante sí un proceso no exento de complejidades, un proceso en el que valorarán pruebas, en especial periciales forenses: todo un desafío para un ciudadano el hecho de que la primera vez en su vida que tenga que oír y juzgar sobre complejas pruebas periciales sea para juzgar a quien viene procesado por la muerte de sus dos hijos.

A diario se celebran multitud de juicios con jurado; puede decirse que es una figura en cierta forma asumida por la ciudadanía. Aun así, y según la encuesta que recoge el X Barómetro del Consejo General del Poder Judicial (2008), en los últimos años ha crecido de manera significativa el número de encuestados que preferiría ser juzgado por un tribunal profesional antes que por un jurado, y del mismo modo cada vez son más los que creen que el primero tiene más probabilidades de dictar una sentencia justa.

Desde que se reinstauró el jurado, en 1995, mucho ha llovido. Ha habido juicios en los que el veredicto ha sido sorprendente, cierto, pero en otros no ha sido así, como lo prueba el reciente veredicto condenatorio al celador de Olot o, antes, el veredicto absolutorio del expresidente valenciano Camps. Hay ámbitos en los que la actuación del jurado arroja resultados quizás inesperados: por ejemplo, en los delitos relacionados con la violencia sobre la mujer –el 93% de las sentencias son condenatorias–, los jurados absuelven en más ocasiones que los tribunales profesionales. Fuera de la violencia sobre la mujer, el 86% de los casos juzgados por jurados terminaron en declaración de culpabilidad, frente al 54% de los juzgados por jueces, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia baraja reformar la Ley del Jurado. De no suprimirse, espero que no se vaya a una figura del escabinado o jurado mixto, formado por legos y jueces profesionales: personalmente no soy partidario del jurado, pero una vez establecido lo lógico es que sea un jurado puro y no un jurado tutelado. Fuera de esas hipótesis que no veo posibles –desaparición o escabinado–, las reformas deberían ir hacia la simplificación del veredicto, de forma que se centre única y exclusivamente en cuestiones de hecho, sin ninguna adherencia jurídica; además, debería abordarse desde la experiencia acumulada si cabe o no introducir alguna novedad en las excusas para ser jurado o para su exclusión, en especial si cabe sospecha de que los llamados a formar un jurado popular estén mediatizados; y también habrá que plantearse la reducción de los delitos de los que conoce el jurado, de ahí lo razonable de que se ciña a delitos especialmente impactantes, como son los homicidios consumados.

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