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José T. Raga

Sólo se puede competir en el mercado

Que la competencia entre Comunidades Autónomas de que se está hablando sea del gasto sin necesidad de ponerse coloradas ante los ciudadanos exigiendo más impuestos, no es eficiencia competitiva sino despilfarro de recursos.

José T. Raga
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A fuerza de manosear, sin pudor alguno, los términos que más indubitado significado han tenido a través de los tiempos, se llega a la situación en la que, hasta los más rigurosos, acaban aceptando como válido el híbrido decir de los maltrechos vocablos. Algo de eso viene ocurriendo con el término "mercado", el cual ha pasado de considerarse el mal en el que la humanidad se encuentra inserta, a ser el referente de la conducta de los seres eficientes, si bien la usan con más profusión los que no lo son, incluso aquellos que ni siquiera se mueven en un mercado libre.

Porque quede bien claro y para siempre que el término mercado, cuando no lleva ningún complemento que lo determine, restringiendo en algún sentido su significado, –así, cuando decimos, mercado monopolista o monopolístico, o bien, mercado de oligopolio, o simplemente mercado regulado– se está refiriendo, por antonomasia, al mercado competitivo, a eso que algunos autores han denominado arena competitiva, para distinguirlo de lo que como referente teórico recibe el apelativo de competencia perfecta. Somos conscientes, los que a esto nos dedicamos, que la situación real del mercado estará más próxima o más alejada de la competencia perfecta, sin que por ello deje de merecer ser llamado por su nombre que, sin embargo, exigirá de manera ineludible que, cualquiera que sea su dimensión en el espacio y su ámbito de actuación en la actividad económica, esté ausente de interferencias del poder político, social o económico.

El mercado, además, para que sea muestra de eficiencia, requiere, por parte de los demandantes, que el sacrificio que experimentan al pagar el precio se vea compensado por la utilidad –si quieren ustedes, satisfacción– que van a obtener por el consumo o utilización del bien. Por otro lado, los oferentes esperan obtener un precio al vender el bien o el servicio que vendrá a compensar el coste de producción de ese bien o servicio. Cuando todo esto falla, cuando hay interferencias, cuando el coste de producción –subvención, en este caso– no lo experimenta quien ofrece el producto, cuando el precio que se percibe a cambio de dicho coste no es evidente porque está representado en un posible beneficio en términos de voto en unas elecciones, y cuando para el consumidor el bien que recibe es una subvención que disminuye su sacrificio en términos de precio del automóvil, hay que decir que, simplemente, el mercado no existe.

Pese a ello, estamos todos los días oyendo, quizá como ejemplo del fraccionamiento del mercado nacional en mercados autonómicos, que las Comunidades Autónomas, como entidades políticas, compiten entre ellas para la consecución de los objetivos que se proponen; un ejemplo que está sobre la mesa es el de las ayudas directas al sector de la automoción. El despropósito del discurso no puede alcanzar niveles más altos y ello porque el sacrificio que las autonomías deberían de experimentar al dedicar sus recursos públicos a unos fines en lugar de a otros, lo trasladan al Estado. Y éste, por mor de los intereses políticos del Gobierno de la Nación, representados por los apoyos que se esperan de los beneficiarios a las iniciativas parlamentarias, asume con gusto el sacrificio de unos recursos adicionales (concedidos con arbitrariedad ya que este sacrificio, en definitiva, se trasladará a los ciudadanos en general), los cuales ya no tendrán posibilidad de traslación sino de sufrimiento.

Me resulta difícil situarme en este escenario, no por lo que un rasgo de competencia pudiera añadir a cualquier sistema, sino por cómo se está utilizando tal concepto. Y que conste que me he pronunciado hasta la saciedad contra el modelo fiscal europeo que en su bautismo recibió el patronímico de armonización fiscal. He atacado siempre la armonización y defendido siempre la competencia fiscal, creándome en estas tesis enemigos entre los que nos reconocíamos como profesos de una amistad profunda.

Siempre he creído que una competencia fiscal derivaría necesariamente en una mayor felicidad de los ciudadanos pues, en el límite, reduciría la carga tributaria y con ella el esfuerzo fiscal de los sujetos. Para los maliciosos, que siempre los hay, anticiparé que no estoy hablando de reducir los gastos sociales, salvo aquellos que actúan como desincentivadores del esfuerzo productivo. Estoy simplemente estimando que, en un modelo competitivo de exacción impositiva, el sector público racionalizará sus actividades y su dimensión hacia aquellos gastos que transfieren un bienestar a los individuos igual o superior al sacrificio que tienen que realizar al pagar los impuestos. Racionalidad, que buena falta hace a un sector público tan burocratizado, tan de espaldas a la realidad de los ciudadanos y tan estéril en el uso de unos recursos que, para su desgracia, son escasos.

Ahora bien, que la competencia entre Comunidades Autónomas de que se está hablando sea del gasto, entendiendo que es más competitivo quien gasta más, cuando la captación de ingresos se obtiene benévolamente del Estado –al menos para algunas de ellas– sin necesidad de ponerse coloradas ante los ciudadanos exigiendo más impuestos, no es eficiencia competitiva sino despilfarro de recursos. Y éste se transmite por el Estado a los ciudadanos en forma de latrocinio de rentas que llega a privarles de lo más esencial para sus vidas.

Y aún aparece de vez en cuando un ministro de Industria, caracterizado por el fracaso de sus medidas, a explicar el proceso para que nadie llegue a entenderlo.

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