El 30 de septiembre último se me presentaba como un día cualquiera, a excepción de ese runrún que, de vez en cuando, te quita el sueño; todo por haber leído el real decreto ley de la víspera, por el que todo vale para los ciclos educativos de la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional.
Era evidente que el Gobierno Sánchez-Iglesias, fiel a su constitución –aquel papelito que firmaron–, iba a llevar a España y a los españoles por el camino del desastre. Así, ha merecido calificativos como el peor Gobierno gestionando la pandemia, que ha hecho que España sea la nación más lenta en mejorar su economía. Lo visible: cierre de empresas, paro, hambre, déficit público, gastos excesivos, y mucha, mucha deuda, que alguien tendrá que pagar.
Con esto se cumplía la primera condición para cambiar el régimen, instaurando uno de corte comunista, pues, de los dos firmantes de aquel papel, uno tenía la idea muy clara de lo que quería hacer –su ideología no ofrecía lugar a dudas–; el otro, por el contrario, a bordo del Falcon, a verlas venir.
Pero el marxismo, en contra de lo que pensó Karl Marx, que se instauraría en los países industriales, acumuladores en pocas manos de las plusvalías de los proletarios, nunca se ha producido en un país industrial; una profecía fallida, como tantas. Empezó en la Rusia de Lenin, de base agraria; siguió por la China de Mao, también agrícola; llegó a la Cuba de Fidel Castro, a Nicaragua… Además de su base agraria, todos tenían en común una población aplastantemente inculta.
En España, conseguido el primer eslabón del proyecto –la destrucción de la economía–, corresponde acometer el segundo: construir una sociedad inculta, incapaz de pensar y dispuesta a asumir las verdades oficiales como verdades.
Prepárense, pues, con la excusa de la pandemia, a aceptar graduados en ESO, bachilleres y titulados de los ciclos formativos profesionales a los que suspendieron materias del correspondiente ciclo formativo/educativo. Para ello, basta que los equipos docentes, colegiadamente, determinen que los alumnos han alcanzado los objetivos generales establecidos para cada etapa educativa. Los docentes saben que no –porque les suspendieron–, pero pueden acordar que sí. Además, esos docentes tampoco necesitarán haber obtenido el master en aptitud pedagógica, como hasta ahora.
Que esto es empobrecer la educación y falsear la formación del alumnado, nadie lo duda; pero es un eslabón más para el éxito del proyecto de sociedad que, ya empobrecida en lo económico, todavía tiene capacidad intelectiva para no admitir las verdades oficiales.
Pueden responderme, como algunos han hecho, que también llamamos doctor universitario a quien plagió su tesis doctoral, pero esto es un estigma moral que permanecerá sine die en él, aunque dicte un decreto obligando a su reconocimiento.
¿Por qué si retiramos títulos como los hijo adoptivo, hijo predilecto, doctor honoris causa, no quitamos, con más razón, los fraudulentos?