En lo que va de año, el panorama pandémico en las zonas palestinas está siendo sombrío. Médicos Sin Fronteras (MSF) informaba el 24 de marzo: desde febrero, "otra fuerte ola de covid-19 ha barrido Cisjordania, Palestina"; y señalaba que más de 20.000 pacientes estaban siendo tratados por el nuevo coronavirus, lo que presionaba un sistema de salud ya de por sí frágil y dejaba al personal médico luchando en condiciones muy difíciles.
Decía más MSF: "Hebrón ha sido una de las zonas más afectadas de Cisjordania. En Naplusa, en el norte de Cisjordania, la situación es igualmente preocupante. En Gaza, el número de pacientes con covid-19 disminuyó en febrero, pero a mediados de marzo comenzó a aumentar nuevamente. El sistema de salud de Gaza ya está paralizado (…) A medida que el covid-19 se propaga por Cisjordania y Gaza, los palestinos siguen desprotegidos". Ely Sok, jefe de misión de MSF en los territorios palestinos, comunicaba que para mediados de marzo menos del 2% de los palestinos habían sido vacunados en Cisjordania y Gaza, "un número alarmantemente pequeño a la luz de la tercera ola de la pandemia mortal".
El 22 de abril, el coordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, informó al Consejo de Seguridad sobre la situación en los territorios palestinos indicando que la tasa de infección diaria en Gaza estaba en su nivel más alto desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020; que "en Cisjordania muchos hospitales están funcionando a su capacidad máxima o casi" y que Israel continuaba "vacunando a segmentos de la población palestina en Cisjordania". Además, incidió en "la necesidad de más vacunas y de acelerar el proceso".
Por su parte, Rein Paulsen, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), afirmó en abril que la pandemia empeoró la situación humanitaria de la población palestina: "Cerca de uno de cada dos palestinos, la mayoría de ellos en la Franja de Gaza, requieren asistencia y protección". Paulsen observó que apenas el 3% de la población de los territorios había sido vacunada por las autoridades palestinas y advirtió que Israel llevaba vacunados "a más de 120.000 palestinos, incluidos los de Cisjordania con permisos de ingreso al país".
Luego, el 15 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió su reporte sobre la situación pandémica en los territorios palestinos. Reportó 344.345 contagios (228.862 en Cisjordania y 112.668 en Gaza) y 3.853 muertes (2.775 en Cisjordania y 1.078 en Gaza). Hasta el 15 de abril se había vacunado a 560.195 personas (466.522 en Cisjordania y 93.673 en Gaza), alrededor del 11% de la población palestina. Las zonas palestinas habían recibido 1.061.020 vacunas (744.230 destinadas a Cisjordania y 316.790 a Gaza), de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V, Sputnik Light y Sinopharm. El informe concluía:
Cada vez hay más casos de la variante infecciosa Delta en los territorios palestinos ocupados. Se teme que la cuarta ola de covid-19 esté a la vuelta de la esquina (…) La evaluación de riesgos de la OMS sigue siendo alta.
En este contexto comprometido, los Gobiernos de Israel y la Autoridad Palestina acordaron a mediados de junio que el primero entregaría 1.2 millones de vacunas de Pfizer (algunas de próximo vencimiento) al segundo a cambio de vacunas de la misma marca que la AP recibiría en octubre y daría a Israel en reintegro. Dado que Israel había vacunado a una porción considerable de su población y tenía un excedente de vacunas, y que los palestinos necesitaban dosis urgentemente, el pacto cubría las necesidades de ambas partes. Los palestinos podrían inocularse velozmente y más adelante reembolsar a los israelíes las vacunas cedidas con otras nuevas. Nada oscuro en el acuerdo. Ramala y Jerusalem llevaban meses negociándolo, conocían cada detalle del mismo y habían aceptado gestionar de ese modo las cosas.
Pero, apenas unas pocas horas después del anuncio, el Gobierno de Mahmud Abás anuló el arreglo, alegando que el primer lote de 100.000 vacunas tenía un vencimiento inminente. Lo cual era cierto. Lo cual era lógico. Lo cual era conocido por Ramala de antemano. Justamente, Israel entregaba vacunas próximas a vencer –que de otro modo se desperdiciarían– a los palestinos, quienes necesitaban ser inoculados inmediatamente. En consecuencia, esas vacunas eran útiles para ellos. El pacto beneficiaba tanto a los israelíes como a los palestinos. Pero, una vez más, la política interna palestina, la miopía legendaria de su liderazgo, la pasión popular antiisraelí echaron todo a perder. Las redes sociales se incendiaron con alegatos infundados de una conspiración sionista y, con el trasfondo de un vacunatorio VIP preexistente en las zonas palestinas que ya había recalentado el ambiente, el acuerdo sensato saltó por los aires. Así, esas vacunas Pfizer quedaron en Israel.
Afortunadamente, no se desperdiciaron. Ese lote que vencía en junio fue destinado a adolescentes israelíes no vacunados expuestos a la variante Delta. 700.000 vacunas del lote de julio fueron enviadas a Corea del Sur, que compensará a Israel con las vacunas Pfizer que tiene planeado recibir entre septiembre y noviembre. Y hay otras más disponibles.
En definitiva: las vacunas que se habían destinado inicialmente a paliar la situación pandémica en las zonas palestinas terminaron siendo inoculadas a ciudadanos de Israel y Corea del Sur. Vaya conspiración. ¿Rendirá cuentas el Gobierno palestino por su decisión equivocada? Tras estudiar todo este absurdo episodio, Yair Rosenberg vio en él una manifestación del desorden político que ha trabado todo progreso en el proceso de paz. Rosenberg escribió en la revista Tablet:
Mientras los extremistas tengan poder de veto incluso sobre las políticas cooperativas menos controvertidas, será muy difícil lograr un avance serio en el [proceso de paz] israelo-palestino.
Este fiasco no es solamente palestino. Rosenberg sostiene que también deja moralmente en evidencia a la comunidad del activismo pro derechos humanos, que se pasó buena parte de la pandemia criticando a Israel por no inocular a los palestinos mientras avanzaba eficazmente en la vacunación de su propia población. En enero, Amnistía Internacional protestaba: "Negar las vacunas de la covid-19 a la población palestina deja de manifiesto la discriminación institucionalizada de Israel". Ese mismo mes denunciaba Human Rights Watch (HRW): "La obligación de Israel, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, de garantizar los suministros médicos, incluida la lucha contra la propagación de pandemias, es más nítida que nunca después de más de 50 años de ocupación sin final a la vista". En abril, HRW acusó a Israel de implementar un apartheid sobre el territorio palestino. Cuando, en junio, Israel quiso enviar vacunas (las codiciadas mundialmente Pfizer, nótese) al pueblo palestino y este las rechazó, los ilustrados humanistas abrazaron acríticamente los argumentos palestinos para justificar la ruptura del acuerdo. Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW:
Después de toda la fanfarria sobre el Gobierno israelí, finalmente, cumpliendo tardíamente con sus obligaciones del Cuarto Convenio de Ginebra de proporcionar vacunas contra el covid a los palestinos bajo ocupación, las vacunas estaban a punto de expirar, por lo que el acuerdo fracasó.
Poco importa que Cisjordania tenga su propio Ministerio de Salud, que Gaza tenga el suyo y que ambas sean receptoras de Covax. Este episodio ha dejado en claro que, a ojos de los palestinos y sus animadores humanitarios globales, Israel siempre será culpable. En enero, por no entregar vacunas. En junio, por querer entregarlas.