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UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE LA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL

Un Gobierno contra la Constitución

Hemos visto cómo desde la misma noche electoral del 16 de febrero se reabrió en España, con gran violencia, el proceso revolucionario que había sido derrotado en octubre de 1934. Podríamos ver en ello un factor de deslegitimación del Gobierno de entonces, pero no es así. Un gobierno puede tener que afrontar un período de desórdenes o desestabilización; la cuestión en torno a la legitimidad es si lo afronta desde la defensa de la ley o contribuye a hundir ésta, rebasándola gravemente o colaborando con el proceso revolucionario.

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Una línea muy frecuente en la historiografía de la época afirma la legitimidad de los gobiernos de Azaña y Casares disociándolos de los disturbios causados por sus aliados izquierdistas, los cuales habrían sido explotados fraudulentamente por las derechas para hundir la República. En el peor de los casos, a dichos gobiernos sólo podría acusárseles de insuficiente energía –algo subsanable en principio– frente a la agitación reinante; pero nada más. Ellos seguirían representando la legitimidad democrática de la República.
 
Pero, como ocurre con tantos otros mitos creados por la propaganda, no es así en absoluto: ya desde su mismo programa electoral el Frente Popular se situó frente a la ley y la democracia. Ese programa se ha presentado a menudo como moderado, por cuanto rechazaba explícitamente algunas demandas de los partidos obreristas, tales como la nacionalización de la banca o la tierra; pero en sí mismo era un monumento de palabrería demagógica y un peligroso conjunto de contradicciones.
 
Proponía amnistía y reposición en sus cargos para políticos, militares y empleados complicados en la revolución del 34, dando a entender que habían sido perseguidos por sus ideas o actuaciones políticas normales, y justificando así la rebelión contra la legalidad; al mismo tiempo anunciaba la persecución contra quienes habían defendido entonces la república. Prometía "independencia" de la justicia… una vez ésta fuese depurada y reorganizada convenientemente, así como de la policía, con funcionarios "de cumplida lealtad hacia el régimen". Es decir, lealtad hacia la izquierda, pues ésta, desde Azaña a los más extremistas, consideraba el régimen republicano propiedad suya. Se trataba especialmente de depurar el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cual condenaría de antemano cualquier recurso de las derechas.
 
A estas medidas, que establecían un principio de ilegalidad y ataque a los principios democráticos, las llamaban, tan osada como pomposamente, "restablecer el imperio de la Constitución".
 
Ello aparte, las medidas contradictorias propuestas para estimular la economía y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, o la decisión de impedir "las prórrogas abusivas de los estados de excepción", constituyen un sarcasmo, vistos en perspectiva: el triunfo del Frente Popular vino acompañado del caos económico, el paro masivo y un estado de excepción permanente, con graves restricciones de los derechos ciudadanos, censura de prensa, etc. Como dato curioso, el programa se debía especialmente al político y jurista Felipe Sánchez Román… el cual se negó a firmarlo por considerar que no lo respetarían sus aliados obreristas (cosa que, por lo demás, no ocultaban éstos).
 
Azaña empezó su nuevo período en el poder con un discurso prometedor, muy bien acogido por las derechas:
 
"El Gobierno se dirige con palabras de paz (…) Nuestro lema es defensa de la República, República restaurada, y, por consiguiente, libertad, prosperidad y justicia en toda España. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no republicanos".
 
Pero sólo diez días después de las elecciones proclamaba sus verdaderas intenciones ante una agresiva manifestación de izquierdas. Anunció que el programa se realizaría "para que la República no salga nunca más de nuestras manos". Un designio antidemocrático que suponía un cambio de régimen para transformar la República de una democracia liberal en algo parecido al PRI mejicano: quedaría una oposición testimonial y justificadora de una democracia inexistente en la práctica. El régimen mejicano, muy masonizado, era muy admirado por las izquierdas republicanas españolas, y respondía a un ideal de despotismo presuntamente ilustrado que también guiaba a Azaña, como hemos visto.
 
Los hechos corroborarían las intenciones. Como primera medida de fondo, el nuevo poder redujo sensiblemente, con una "revisión de actas", la representación parlamentaria de las derechas. Así, la mayoría conseguida de forma dudosa por las izquierdas en febrero se arrogaba tiránicamente el papel de juez y parte para despojar a la CEDA de numerosos puestos de diputados. La CEDA, indignada, se ausentó de las Cortes para no legitimar tal desafuero, siendo acompañada de una salva de amenazantes acusaciones de golpismo. No sólo debía resignarse al despojo, sino legitimarlo con su presencia, en una clásica política de trágala. Mutilada todavía más, de esta forma, la oposición en las Cortes, la mayoría izquierdista se hizo simplemente arrolladora.
 
Alcalá-Zamora y Azaña.Otro peligro legal para la izquierda provenía de las atribuciones presidenciales de Niceto Alcalá-Zamora. Azaña temía que pudiera usar sus prerrogativas para derribar su Gobierno, como había hecho con los de Gil-Robles y Lerroux, y desde el primer momento se dedicó a intimidarlo, como él mismo explica, en tono burlesco, en sus cartas.
 
"[De momento] me contento con decirle atrocidades. No me falta más que sacudirle por las solapas. El hombre se encoge, se retuerce, mete los dedos en el tintero, se embolsa puñados de caramelos…".
 
Como el desdichado presidente invocase su derecho a hacer observaciones al Gobierno, le replicó: "Las hará usted mientras haya aquí alguien que se crea en el deber de escucharlas. En otro caso se las hará usted a los muebles"; y añade: "Esto es lo más suave que nos decimos".
 
Desde el principio pensaba Azaña en eliminar a Alcalá Zamora y ocupar su puesto, lo que llevó a cabo en combinación con su amigo Prieto, como la anterior maniobra para hundir a Lerroux y su Partido Radical. A tal efecto debían resolver varios problemas. El presidente tenía autoridad para disolver dos veces las Cortes, pero quedaría automáticamente destituido si las Cortes posteriores a la segunda disolución determinaban que ésta había sido arbitraria.
 
Mas, para empezar, la disolución de 1936, ¿había sido la primera o la segunda? Había habido una primera, en 1933, pero correspondía a las Constituyentes, y muchos opinaban que no debía entrar en las dos del derecho presidencial, con lo que la de 1936 sería la primera y no podría ser juzgada por las Cortes. Así pensaba don Niceto, y Azaña había compartido esa interpretación, como observa en sus diarios, considerando demagógica y peligrosa la contraria. Sin embargo, una vez vuelto al poder, Azaña perdió todo escrúpulo y resolvió considerar la disolución de 1936 como la segunda. Con ello quedaba sentenciado don Niceto, dada la enorme mayoría parlamentaria izquierdista.
 
Claro que había un segundo problema: existiendo tal conflicto legal entre la interpretación de las Cortes y la de la presidencia, debía dictaminar el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero Azaña y Prieto decidieron, nuevamente, constituir a las Cortes en juez y parte e imponer su criterio, lo cual constituía algo muy parecido a un golpe de estado.
 
Y el tercer problema no era, en principio, menos peliagudo. La disposición legal sobre la segunda disolución tenía por objeto frenar el posible despotismo presidencial. Si en las elecciones subsiguientes ganaba el mismo partido que había sido expulsado del poder por el presidente al disolver las Cortes, quedaba claro que la disolución había sido innecesaria, y dicho partido podía entonces expulsar al presidente por su arbitraria conducta. Así habría obrado la CEDA, seguramente. Pero el Frente Popular debía su victoria, precisamente, a la decisión de don Niceto, y declararla improcedente equivalía a declarar el derecho de la CEDA a seguir gobernando, y por tanto el carácter improcedente del propio Gobierno izquierdista. Si a alguien debía el poder Azaña, era al hombre a quien quería eliminar.
 
Martínez Barrio.Los tres problemas fueron resueltos de modo golpista, como señala, con razón, su víctima. El 7 de abril Prieto presentó a las Cortes una proposición:
 
"Los diputados que suscriben, atentos únicamente a la suprema razón política de asegurar en todas las instituciones del Estado republicano la observancia y la defensa de la Constitución, proponen que las Cortes declaren que no era necesario el decreto de disolución de Cortes de 7 de enero de 1936".
 
Pocas veces se habrá desafiado la verdad y la decencia con tal cinismo, ¡y en nombre de la Constitución! Martínez Barrio, presidente interino mientras se cumplía la formalidad de sustituirlo por el propio Azaña, lamenta en sus memorias el golpe asestado a la legitimidad del Gobierno, y recuerda la ceremonia de su nombramiento más como "velada fúnebre que fiesta de recién nacido. Nos habíamos lanzado por uno de esos despeñaderos histórico que carecen de toda posibilidad de vuelta". Azaña, en cambio, estaba eufórico:
 
"Dejo aparte el placer estético de la operación, que no es pequeño. Seguimos destituyendo peces gordos, no va a ser sólo Don Niceto. No se me olvida ninguno".
 
En mayo pasaba a presidir él mismo la República, dejando como jefe de Gobierno a su amigo Casares Quiroga.
 
Había una especie de justicia poética en la caída, un tanto ignominiosa, de Alcalá-Zamora a manos de aquellos a quienes tanto había favorecido. Gil-Robles se lo había vaticinado.
 
Faltaba una tercera columna al poder antidemocrático que estaban erigiendo los republicanos de izquierda: el control del poder judicial, que pronto tomó rasgos grotescos. Pronto se arrogó el ministerio el nombramiento directo de los cargos de la justicia municipal, y el 9 de junio se creaba un tribunal especial para vigilar a los magistrados, formado con mayoría de presidentes de asociaciones de izquierda y ultraizquierda. Observa Gil Robles:
 
"La ley consumaba la monstruosa paradoja de que para enjuiciar a un magistrado o a un juez, bastaba saber leer y escribir, mientras que todos los demás ciudadanos habían de ser juzgados por quienes demostrasen una capacidad suficiente".
 
Al día siguiente, otra ley concedía a una asamblea de 75 miembros, con hegemonía gubernamental, la elección del Tribunal Supremo. Medidas tales anulaban a un poder judicial acobardado. Apenas hubo protestas o gestos de independencia entre los jueces.
 
Algo semejante ocurrió con la policía. Nada más revelador que las circunstancias del asesinato de Calvo Sotelo. El crimen tomó como pretexto la venganza por otro asesinato, el del teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, a manos de ultraderechistas. Castillo había participado en el movimiento guerracivilista de 1934, y actuaba como instructor de las juventudes socialistas, lo cual, en la práctica, significaba instructor en terrorismo.
 
El director del secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, el capitán Condés, de la Guardia Civil, repetía los rasgos políticos de Castillo. De hecho, los órganos de seguridad del Estado se estaban convirtiendo, en buena medida, en auténticos grupos terroristas, que organizaban razzias contra las derechas con la colaboración de milicianos del PSOE. El caso de Calvo Sotelo fue sólo la culminación del proceso.
 
Sería mucho decir que el Gobierno estaba contento con estas derivas. En buena medida se sentía desbordado, pero no cabe duda de que había sido él, habían sido los republicanos de izquierda encabezados por Azaña, quienes habían emprendido la destrucción de la legalidad e intentado crear un nuevo régimen de hecho, al estilo mejicano.
 
Pero, mientras en Méjico una oligarquía extremadamente corrupta controlaba la situación, en España se estaba viendo desbordada, sobre la marcha, por sus aliados más radicalizados y utópicos.
 
 
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