La verdad es que no salgo de mi asombro con lo que está sucediendo en Galicia con el tema de la enseñanza en castellano. El gobierno gallego ha comenzado a enviar a los padres de alumnos una encuesta, no para que elijan (como Feijoo dio a entender antes de las elecciones) el idioma vehicular de enseñanza para sus hijos, sino para conocer cuáles son las preferencias mayoritarias de los padres en el tema. Después de lo cual, el gobierno gallego hará lo que considere oportuno.
Yo pensaba que las pasadas elecciones autonómicas habían dejado claro qué es lo que el pueblo gallego quería en temas lingüísticos, pero parece que el señor Feijoo ha decidido repreguntar, dando así a los defensores de la imposición del gallego una nueva oportunidad de "ganar lo perdido en las urnas". Oportunidad que esos totalitarios de la lengua no están dejando escapar, como luego veremos.
De todos modos, el asunto completo está viciado desde su origen. ¿Desde cuándo los derechos constitucionales se someten a votación ordinaria, sin pasar por el trámite previo de modificar la Constitución? Todo el planteamiento de la encuesta puesta en marcha por la Junta de Galicia se basa en una falacia fundamental: que son las personas de un pueblo, o de una comarca, o de una comunidad autónoma, las que deben decidir qué lengua vehicular se utiliza en la enseñanza pública. Esa falacia constituye, en sí misma, una violación inaceptable del derecho constitucional a utilizar la lengua oficial de la Nación, que es el castellano.
Supongamos que soy un almeriense que trabaja en El Ejido en una empresa española del sector conservero. Y supongamos que mi empresa me destina mañana a O Grove. Como español que acaba de mudar su residencia desde un punto de España (Almería) a otro punto de España (Pontevedra), nadie me puede negar el derecho constitucional a que mis hijos utilicen el castellano y reciban la enseñanza pública en castellano.
Pero, en lugar de respetar mi derecho, lo que se plantea en Galicia (como antes se ha planteado en Cataluña, o en Baleares, o en el País Vasco, o en Valencia) es que yo, como almeriense, pase a ser un ciudadano de segunda en el momento en que me traslade a vivir a Pontevedra, porque la enseñanza pública dejará de ofrecerme la posibilidad de que mis hijos sigan estudiando en castellano. ¿Por qué mi derecho a que mis hijos estudien en castellano tiene que depender de lo que decida una mayoría de padres? Ninguna mayoría puede negar un derecho constitucionalmente reconocido. Que estudie en gallego quien quiera, que a mi eso no me molesta, pero nadie tiene potestad para obligar a mis hijos a estudiar en gallego.
Pero, con ser perverso ese planteamiento de la Junta de Galicia, con ser perversa esa negación indirecta de los derechos constitucionales, no es lo peor del asunto. Hay algo muchísimo más censurable todavía y es el hecho de que el Partido Popular ha trasladado la responsabilidad total de la lucha por los derechos lingüísticos a los miembros de Galicia Bilingüe y al conjunto de los padres.
Nombrando a un defensor de la imposición del gallego para dirigir los asuntos lingüísticos del nuevo gobierno, Feijoo lanzó hace un par de semanas, implícitamente, un mensaje muy claro: "Yo no soy el obstáculo para la imposición del gallego; si no se puede imponer, es porque hay por ahí unos radicales que me están presionando desde Galicia Bilingüe para que derogue las normas aprobadas por el gobierno bipartito en la anterior legislatura". ¿Cuál ha sido el resultado de ese mensaje lanzado por Feijoo? Pues que Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, ya ha recibido amenazas y ha visto cómo su coche era destrozado.
Feijoo puede estar orgulloso: en lugar de poner la cara él (que cuenta con todos los resortes del poder para defenderse), deja que sean Gloria Lago y Galicia Bilingüe los que pongan la cara para que se la partan. ¿Se da usted cuenta, señor Feijoo, de que es usted, con sus acciones, quien está poniendo a Galicia Bilingüe en el punto de mira de los radicales independentistas? ¿Se da cuenta de que si usted actuara del modo correcto atraería sobre sí las iras de los radicales, con lo cual liberaría de la presión a quienes no cuentan con los mismos medios de defensa que usted?
Con la encuesta enviada a los padres de alumnos, se repite la jugada: Galicia Bilingüe ya ha empezado a recibir a miles las denuncias de que esas encuestas están siendo entregadas por muchos colegios a los padres con información grapada en la que se les "sugiere" que elijan la opción del gallego. Con lo cual, Feijoo ha conseguido trasladar a los padres la responsabilidad de la resistencia: puedes mantenerte en tus trece y exigir que se respeten los derechos lingüísticos de tus hijos, pero entonces ya sabes que tu hijo puede quedar "señalado" a ojos de ese director de colegio o de esos miembros de la Mesa por la Normalización que tan "amablemente" se dedican a adjuntar sus "sugerencias" a la encuesta. De nuevo, el amigo Feijoo consiguiendo que sean otros los que tengan que poner la cara para que se la partan. ¡Toda una lección de valentía, sí señor!
Con ello, el PP repite la misma estrategia que tan exitosamente ha utilizado en otros temas, como en el caso de la negociación con ETA o en el de las investigaciones del 11-M: que sean otros los que corran con el gasto de liderar a la sociedad; que sean otros los que se vean difamados en los medios de izquierda; que sean otros los que sufran las amenazas; que sean otros los que reciban los insultos; que sea a otros a los que les agredan; que sean otros los que tengan que enfrentarse a querellas; que sean otros los que tengan que poner la cara.
Yo pensaba que, cuando alguien vota a un partido en unas elecciones, lo mínimo que puede exigir es que ese partido se parta la cara por sus electores en caso de llegar al gobierno. Pero está claro que no es así. La actitud de Feijoo demuestra no sólo que no está dispuesto a dejarse partir la cara por sus electores, sino que está encantado de que sus electores sean los que pongan la cara por él.