De todas las propuestas de reforma que expuso Gallardón, con la que menos estoy de acuerdo es con la de la limitación de la segunda instancia, la apelación y, en general, de la posibilidad de recurrir. No tanto por la idea en sí, sino por la justificación que dio el ex alcalde de Madrid. Para que me entiendan, es como lo de la habilitación de los juzgados en agosto. Se nos dijo algo así como que era una mala costumbre y que iba en beneficio de la agilización de la Justicia, que es el tópico habitual que se usa en estos casos. Como lo de la reforma del Senado para "convertirlo en una auténtica cámara de representación territorial"; un latiguillo que pueden encontrar ustedes en el repertorio de cualquier político.
Realmente los juzgados ya trabajan en agosto. Lo que pasa es que ni admiten escritos, ni notifican, ni celebran vistas. Y pudiendo ser una opción de futuro, hoy en día no es muy descabellado pensar que si a muchos juzgados los hacen abrir en agosto se hunden del todo. Un barbecho de uno o dos años sin demandas es lo que a buen seguro agradecerían jueces y funcionarios. Pero, como les decía, dentro de unos años, con más medios y con algunos juzgados que no fueran auténticos agujeros negros del espacio, no digo yo que no sea algo a estudiar.
Y con lo de los recursos, para que vean que no es una crítica sin más, creo que si el Gobierno decide instaurar alguna forma de pago disuasivo, debe abrir la segunda instancia a todos los procedimientos. Y que conste que la crítica de Rubalcaba es de lo más cínica, es decir, de lo más propia del personaje, porque el PSOE, con la excusa de la agilización, -que ya ven que sirve para todo-, fue instaurando poco a poco un sistema de instancia única para ricos y para pobres. Ahí está la reforma de octubre de 2011, sin ir más lejos. Lo que es cada vez más raro es poder recurrir.
Los problemas de la Justicia no vienen solamente por la conducta de los justiciables. Que cada palo aguante su vela. Lo que yo les quiero decir es que si ha existido abuso, éste no justifica la reforma y la limitación. La Constitución dice que los jueces son responsables, en el mismo plano que independientes, y además de eso los hay buenos y malos en todas las instancias y por todas las vías de acceso; sustitutos y titulares. Y el ciudadano a veces tiene la sensación de que un juez no dicta la misma sentencia si sabe que cabe recurso y que lo van a revisar, que cuando no cabe.
Recuerden el caso del señor Nevot. En marzo de 2010 una juez de Barcelona declaró que multar por rotular en castellano era muy legal; en única instancia, sin posibilidad de recurso y en castellano, claro, porque los reglamentos sancionadores nacionalistas sólo afectan al populacho. En junio de 2010 la sentencia del Estatut dijo que eso era inconstitucional. El señor Nevot no pudo recurrir una sentencia que si cuando se dictó ya era un monumento a la ilegalidad, el Constitucional no hizo sino confirmarlo; y estoy segura de que el señor Nevot hubiera pagado por poder recurrir y, evidentemente, hubiera ganado. ¿Qué hay gente que recurre para alargar los procedimientos? Sí, y también hay jueces que dicen que llamar "hijoputa" al jefe no es causa de despido. O que llamar "zorra" a la parienta es poco menos que un halago.
Por eso, aunque sea pagando, a veces la gente merece otra oportunidad.