Hay días que le reconcilian a uno con el mundo. Los pajaritos cantan; las nubes se levantan; el Gobierno devuelve a los jueces su independencia. Como diría el príncipe Segismundo: ¡no me despierten, si duermo!
Una frase dejada caer en una rueda de prensa. ¡Qué fácil era! Sin consensos. Sin pactos de Estado. Sin enjuagues.
Y sin avisar: estaba en el programa del PP, pero, a decir verdad, nunca nos lo creímos. Yo sólo se lo oí decir un día a Esperanza Aguirre; a nadie más. Como es habitual con las propuestas de los que Rajoy llamó "liberales y conservadores" del PP, sólo le respondió el eco de su voz. Y ahora es nada menos que Gallardón. ¿Los motivos? No indaguemos mucho, pues las razones de los políticos no son las del común de los mortales. Quedémonos con los hechos. Y éstos -los de hoy; más exactamente, los de hoy en este punto concreto- son buenos.
La rueda de prensa del Ministro de Justicia –hay que insistir: en este concreto extremo– quedará como ejemplo de lo fácil que es hacer el bien. Basta con atreverse a pronunciar las palabras prohibidas y, voilà!, el genio de la lámpara se desvanece entre muecas y alaridos. Muecas y alaridos que sólo confirman que se ha puesto el dedo en el punctum dolens del proyecto antiliberal de la izquierda y los nacionalismos: el control de la sociedad y las instituciones.
Jurídicamente, el principio de autogobierno de la magistratura sirve y va indisolublemente unido al principio, más alto, de la independencia del Poder Judicial, poder emanado directamente de la soberanía nacional. Políticamente, la independencia del Poder Judicial es expresión del principio de separación de poderes.
Esos principios, jurídicos y políticos, no son caprichosos: son la médula del pensamiento político liberal, concretado en la desconfianza de la sociedad hacia el poder. Los jueces, en su función sagrada de decir el derecho en el caso concreto, son más órgano de la sociedad civil que de la sociedad política. No deben, por tanto, estar subordinados a ella.
El principio de autogobierno relativo de la magistratura se plasmaba -artículo 122 de la Constitución- en un Consejo de doce miembros de origen judicial por ocho de origen parlamentario. En 1985, Felipe González cambió esa proporción de doce a ocho por una de cero a veinte: cero miembros del Consejo de origen judicial por veinte de origen político. Ni un solo momento de estos veintisiete años de secuestro del Poder Judicial -entre ellos, ocho de gobierno popular- ha dejado de ser un escándalo.
Hoy es un día feliz, feliz porque se repone lo que era justo.
No nos engañemos: no todas las cosas que hoy ha dicho el señor Ministro de Justicia provocan el mismo regocijo. Pero, por un día, podemos abandonarnos a esta grata sensación de que se ha hecho lo correcto. Sólo por hoy: no me despierten si duermo.