Cualquier decisión a favor de la libertad individual que surja de inventos tan poco liberales como las comunidades autónomas ha de ser saludada debidamente por los ciudadanos afectados y por los medios de comunicación, escasos, que defendemos una sociedad más libre. En una situación de grave crisis económica resulta especialmente provechosa la medida aprobada por el gobierno de la comunidad de Madrid que, si bien con ciertos límites, va a permitir que los emprendedores y su clientela ordenen sus relaciones privadas sin las cortapisas hasta ahora imperantes en materia de horarios de apertura al público.
Esta resolución de la comunidad madrileña debería servir de ejemplo al resto de comunidades gobernadas por el PP, porque las que aún padecen el yugo socialista son tierra quemada en lo económico y abrasada en lo social. No está nada claro, sin embargo, que ese efecto especular vaya a tener lugar en otras regiones de España gobernadas por el mismo partido que sustenta al gobierno de la presidenta Aguirre.
La clase política autonómica del partido de Rajoy no se distingue precisamente por su heroísmo a la hora de gestionar los asuntos públicos procurando un mayor grado de libertad a sus ciudadanos. No es una opinión, es un dato. Con la excepción en solitario de Esperanza Aguirre, las autonomías del Partido Popular no se atreven a levantar las restricciones normativas a la libre interacción de los agentes privados, porque eso supone romper un dogma asentado por la izquierda con el coste mediático que algo así supone especialmente en provincias.
Aunque crean sinceramente en la bondad de estas medidas, los dirigentes populares prefieren no abrir debates sobre decisiones polémicas que, paradójicamente, deberían haber sido adoptadas el primer día de su toma de posesión de ser cierto que el PP es un partido que defiende la libertad individual. Si la minoría con ideas no las pone en práctica y la mayoría ágrafa y socialistona está completamente de acuerdo con la antigualla normativa heredada del franquismo y mantenida por la izquierda en lo relativo al comercio, se puede entender fácilmente por qué el ejemplo de Aguirre no va a tener epígonos en otros mandarinatos territoriales.
No sólo las autonomías del PP no van a seguir la senda liberalizadora de Aguirre, sino que, como siempre que hay que elegir entre libertad y socialismo, lo más probable es que la principal oposición a este decreto liberalizador de la presidenta madrileña surja precisamente de sus pares autonómicos. Mientras no la denuncien a los órganos disciplinarios del partido por el delito de lesa progresía, la presidenta de Madrid puede darse por satisfecha.