La Generalidad de Cataluña es un mundo aparte, un universo paralelo, una estructura al margen de la ley y de la razón. No de otro modo se entiende que las fachadas y entradas de sus edificios oficiales estén plagadas de propaganda separatista, lazos amarillos y toda clase de carteles en los que se alude a la inaudita cifra de "3.300 represaliados", a presuntos "exiliados" o a supuestos "presidentes legítimos", categoría en la que los independentistas cuentan a Puigdemont y Torra.
Al ínclito Torra le costó el cargo una de esas pancartas de propaganda partidista que el hombre había colgado en el balcón de la Generalidad como si aquello fuera la terraza de su casa. Tras un par de advertencias de la Junta Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el entonces president accedió a descolgar la lona, no sin antes exhibirse como una especie de héroe de la libertad de expresión. Sin embargo, lo hizo tarde, fuera de plazo, y eso le supuso perder unos meses de poltrona. Los mismos partidos separatistas que le habían nombrado presidente ya no sabían qué hacer con él, por lo que no se rasgaron las vestiduras precisamente cuando el TSJC lo mandó a la papelera de la historia.
Los avisos de la Justicia a Torra se fundamentaban en la muy discutible teoría de que podía exhibir lo que le saliera del níspero, pero no en periodo electoral. Sea o no periodo electoral, los separatistas tienden a obviar el detalle de que las instituciones que gobiernan no son suyas, sino de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que no les han votado, un conjunto que forma una muy amplia mayoría si se suman a los electores de partidos no separatistas aquellos otros que directamente no votan. Y la justicia en Cataluña tiende a mirar para otro lado porque hay instrucciones no escritas para no tocar en exceso la pera. Cómo será la cosa, además, que se ha detectado esa clase de basura visual hasta en dependencias judiciales. Dicen que es cosa de los funcionarios, de su libertad de expresión y tal. Como si ensuciar las paredes propiedad de los contribuyentes fuera un derecho adquirido por oposición.
O sea, que hasta en los lugares más insospechados se puede encontrar la propaganda lazi (lazi por los lazos y por los nazis). Por ejemplo, la imagen que ilustra este artículo corresponde a la entrada de la sede central de la Consejería de Interior de la Generalidad, al lado del Paseo de San Juan de Barcelona. Así que el ciudadano no nacionalista que tenga que hacer cualquier gestión en ese departamento se va a encontrar de entrada con un estampa del más puro estilo fascistoide, con lazos, carteles y pegatinas de los grupos de Mossos por la república, por la independencia y por el c... de la Bernarda, entidades todas ellas autorizadas, reconocidas y operativas.
Nadie se imagina la presencia de propaganda política en la entrada de una sede del Ministerio del Interior. Es algo inconcebible. Pero no en el caso de la Generalidad de Cataluña. Y el TSJC no hace nada, a mayor gloria del presidente Aragonès, mandadero de Junqueras, y del consejero de Interior, el bueno de Joan Ignasi Elena, exalcalde socialista, estudiante de Teología en sus ratos libres y experto en cambiar de chaqueta por la jeta. Normal que Torra diga que lo suyo fue una injusticia.