Los golpistas dicen afrontar el juicio como una oportunidad para poner al Estado contra las cuerdas. Ya lo tuvieron al borde del fuera de combate en septiembre y octubre de 2017. En aquellos convulsos días, sólo la acción de un puñado de jueces evitó que los separatistas se salieran con la suya mientras los partidos que se proclaman constitucionalistas y el PSOE hacían encaje de bolillos para aplicar un 155 que no molestara demasiado ni por demasiado tiempo a quienes venían de perpetrar la proclamación de una república independiente de Cataluña contra más de la mitad de la población, en medio del desprecio más pavoroso por la democracia, con la convivencia destrozada y una economía al borde del colapso.
No es que el 6 y 7 de septiembre forzaran en el Parlament unas leyes de desconexión que suponían la abolición de la Constitución en Cataluña, sino que aún tuvieron tiempo de celebrar un referéndum ilegal el 1 de octubre y de proclamar la independencia el 27 de ese mes. En aquellas semanas, más de tres mil empresas, la flor y nata de la economía catalana, huyeron despavoridas ante un panorama de absoluto descontrol que incluía agresiones, coacciones y amenazas contra personas, partidos y agrupaciones no independentistas; contra jueces, fiscales y personal judicial y contra todo aquel que osara ponerse siquiera de perfil ante aquella república que hasta el discurso del Rey del 3 de octubre y la histórica manifestación del 8 a favor de la unidad de España en Barcelona se antojaba ineludible, ante la pasividad de aquella ignominia de Gobierno de Rajoy y Sáenz de Santamaría.
Tras la Corona, sólo la Justicia estuvo a la altura de la respuesta ciudadana contra el golpe. El procedimiento de un juez de Barcelona, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, a la sazón titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, fue el que amparó la entrada y registro en la Consejería de Economía que a punto estuvo de acabar con el linchamiento de la comitiva judicial el 20 de septiembre. Como consecuencia de esos hechos, la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tuvo el coraje de decretar el 16 de octubre prisión incondicional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cabecillas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, las organizaciones cívicas de las que se servían los golpistas para el control de las calles.
El aviso no fue suficiente y Puigdemont, en vez de convocar elecciones para evitar más dramas, se acobardó ante Oriol Junqueras, Marta Rovira y Gabriel Rufián y se fue al Parlament para que todos a una proclamaran la república. Había que verlos aquel día. Lluís Llach se llevó una bandera de Naciones Unidas para posar en las escaleras de la Cámara catalana. Las diputadas de la CUP sonreían puño en alto, los alcaldes alzaban las varas mientras Puigdemont y Junqueras ponían cara de circunstancias, tal vez conscientes por primera vez de que se estaban precipitando al vacío.
A pesar de la gravedad de esos hechos, difícilmente habrían acabado casi todos en la cárcel si Puigdemont no hubiera cometido otra locura, la de darse a la fuga, disparate en el que le acompañaron tres consejeros y al que se sumarían luego la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la cupera Anna Gabriel, que prefirió marcharse a Suiza antes que declarar en el Supremo a pesar de que el cargo que se le imputaba, desobediencia, no implica pena de prisión. Ante la evidencia del riesgo de fuga, el juez Llarena no podía hacer otra cosa que mantener la prisión provisional, lo que, sin embargo, no le ahorró presiones políticas para determinar lo contrario.
Ahora se quejan los presos de que se vulneran sus derechos lingüísticos porque si declaran en catalán la traducción no será simultánea sino consecutiva, de que la prisión provisional les ha impedido preparar su defensa, de que el juicio se celebra en Madrid y no en Barcelona, de que en Soto del Real hace frío y de que esa prisión es peor que el Gran Hotel de Lledoners en el que han residido hasta hace una semana. De lo que casi no hablan es de que fueron Puigdemont y Marta Rovira quienes les garantizaron la ruina.
Y ahí están esos presos, más divididos que nunca. Junqueras y Romeva quieren sentarse junto a sus abogados, mientras que Sànchez, Cuixart, Rull y Turull prefieren el banquillo puro y duro para no blanquear, dicen, la injusticia española. A Forn, Forcadell y Bassa les da igual. Sólo coinciden en una cosa: ya no se arrepienten como en las primeras declaraciones y todos han dicho que lo volverían a hacer, lo que no es nada extraño si se tiene en cuenta que los suyos retienen el poder en Cataluña y que el plan de Torra, como no se cansa de pregonar, es intentarlo de nuevo.