Está escrito. Mas quiere llegar hasta el final en su intentona golpista, salvo que su propio partido lo sacrifique antes de tiempo. El Consejo Asesor para la Transición Nacional es el organismo consultivo de la Generalidad creado para dar cobertura documental y jurídica a la secesión, un pesebre cuyos componentes responden a las cuotas de los partidos que forman parte del frente separatista y que publica unos informes que en Cataluña se consideran las bases del futuro estado catalán. El último, el número diez, presentado ayer junto a otros tres dosieres, aborda "el proceso constituyente" en lo que precisamente constituye la última y palmaria evidencia de que las instituciones autonómicas están secuestradas, al servicio de un proyecto totalitario que se presenta como cívico y pacífico mientras teoriza sobre las ventajas de provocar un estado de excepción, sitio o alarma en Cataluña.
No es que la Generalidad de Mas y Junqueras asuma con naturalidad la posibilidad, ahora más bien remota, de que el Gobierno de España haga algo al respecto de la escalada separatista. Es que lo busca con denuedo, lo intenta provocar y ahora, además, incluye amenazas como la de imponer un orden paralelo tras la proclamación de independencia, tal como se infiere de párrafos como el siguiente:
Es posible que al menos durante un tiempo se produzca un conflicto entre los dos órdenes, de manera que las autoridades y los ordenamientos de cada uno de ellos pugnen por imponerse y obtener el control. Por este motivo, la efectividad de una proclamación unilateral de independencia está en gran parte condicionada por la existencia de las estructuras de estado con la capacidad para ejercer las funciones de gobierno sobre el territorio y obtener la aceptación social de su ejercicio.
Los padres de la futura Cataluña, además de legitimar los asaltos y tropelías previstas por la Asamblea Nacional Catalana si no hay consulta, apuestan por un escenario de choque total tras unas elecciones plebiscitarias y la consiguiente proclamación de independencia. Les resulta un escenario plausible y potencialmente positivo, por lo que no tienen el más mínimo reparo en describir lo que pasará el día después si el Estado no colabora:
La proclamación unilateral de independencia comporta la desconexión de manera inmediata de las instituciones del Estado español y de su ordenamiento jurídico, de tal manera que ya no se reconoce la autoridad de las primeras ni la vinculación al segundo. La autoridad pública en Cataluña a partir de este momento es sólo la Generalidad y el ordenamiento jurídico aplicable es sólo el que emana de la voluntad de sus instituciones, incluyendo el derecho internacional que se reconozca internamente.
Ya no se trata de un papelito de la ANC de Forcadell, ni de una declaración tan solemne como tramposa sobre el derecho a decidir en el parlamento autonómico. Es, directamente, el anuncio de que se está dispuesto a someter a siete millones de españoles a una situación de violencia, al margen de la ley, de Europa y de las más elementales nociones sobre los derechos humanos.
Si con ese informe público sobre la mesa, el número 10, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantiene el encuentro previsto con el responsable de las amenazas, Artur Mas, es que a lo peor es cierto, como también apunta el documento oficial, que no se puede descartar que el Gobierno adopte una "actitud pasiva y no beligerante" ante el proceso. De hecho, si Rajoy recibe a Mas sólo caben dos alternativas: o está de acuerdo o hay algo en la frase "Voy a dar un golpe de Estado sí y sí" que el inquilino de La Moncloa no entiende.