España tiene muchas enfermedades graves para la salud de la convivencia democrática. La primera, el carácter inquisitorial de los ciudadanos, de todos nosotros, pecado capital e íntimo del cainismo nacional y herencia de la pésima educación cívica antidemocrática, de derecha a izquierda, recibida. No presumimos la inocencia de un acusado sino su culpabilidad. No se escucha la crítica sino que se silencia o extermina. La segunda, el odio a un Estado no reconocido como algo propio que conduce, entre otras muchas cosas, a evadir impuestos y a trabajar en negro: fontaneros, albañiles, eventuales agrarios, domésticos, médicos, abogados, etc. Si se hace un examen de conciencia, se comprobará qué pocos establecimientos, empresas y oficios eluden la pregunta: "¿En blanco o en negro?" (un IVA del 21 por ciento no ayuda, la verdad). La tercera, la mentira instituida socialmente como una actitud meritoria y sin castigo, desde el deporte (se aplauden las manos de Dios y las simulaciones o fraudes más abyectas) a la política (desde Flick al GAL pasando por el chivatazo a ETA). La lección más aprendida en España es que lo que salva el culo, el sillón y el sueldo es la mentira, y que la verdad conduce a los problemas. Con esto basta por ahora.
Es por ello que estamos donde estamos. Mariano Rajoy y el PP tienen un problema y, como consecuencia, lo tenemos todos los que deseamos para España una democracia limpia, abierta, en mayor medida liberal y eficaz... Primero, porque la ciudadanía inquisidora, que somos la inmensa mayoría, tenemos la tendencia a considerar incluso a priori que la cúpula del PP es culpable de sobresueldos y de dinero negro. Es más, quien debe demostrar su inocencia con pruebas son Rajoy y el PP, no El País o quien sea que esté detrás de todo esto. No es democrático ni justo, pero es así. Segundo, porque la inmensa mayoría hemos manejado y manejamos o consentimos que se maneje dinero negro y sabemos que no es difícil, por ejemplo, ir a un médico o recibir a un electricista y pagar en metálico sin mediación de factura. España sufre el imperio del albarán o la notita (fiscalmente inofensivos) sobre la factura. Es más, es demasiadas veces lo habitual. Entonces, la deducción vital surge de modo natural: "¿Cómo no va a saber manejar dinero negro el PP, si lo hacemos casi todos?". Tercero, la mentira es la fuerza que dirige el mundo y, desde luego, España. Los políticos no dicen la verdad habitualmente, y muchos de ellos mienten (que implica la intención de engañar). Generalidades de múltiple interpretación, contradicciones lógicas, incumplimientos de programas, decir una cosa en la oposición y hacer otra en el gobierno... todo ello lo vivimos de manera continua. Por ello, la política en España está desprestigiada y los políticos son considerados un problema social y civil. Muchos mienten, pero se proyecta ese hedor en los políticos de manera singular. Ergo, ¿cómo no van a estar mintiendo en el PP?
Como se puede observar, aunque no se haya probado aún nada ni lógica ni judicialmente (de hecho, todos los apuntes supuestamente contables aportados pueden haber tenido su origen en dinero blanco –véase el caso García Escudero–, y los sobresueldos corresponder a gastos de representación en cuantía creciente según las responsabilidades, y todos declarados luego a Hacienda), el PP aparece ya crucificado, con más o menos clavos y espinas, en las tertulias con audiencia y en las tertulias domésticas, en la barra de los bares y en los tajos.
El PP es víctima de un tipo de sociedad civil que él mismo y los demás partidos, organizaciones sindicales e incluso instituciones, desde la Justicia y la comunicación a la enseñanza, han, hemos, contribuido a gestar. Por ello, la palabra no va a ser herramienta suficiente para detener el efecto político letal de una acusación que cae en una sociedad dispuesta a ejercer de Gran Inquisidora. Ni siquiera la palabra de honor de Mariano Rajoy, que, tal y como se expresó ayer, o dice la verdad o miente. Y por tanto, El País y sus fuentes, o dicen la verdad o mienten. Hasta aquí hemos llegado.
En la ciencia moderna se instituyó el experimentum crucis como prueba decisiva para resolver una controversia científica. Desde el experimento de Michelson-Morley sobre la velocidad de la luz a la medición de Eddington para demostrar el ajuste de la teoría de la relatividad a los hechos observables o las conclusiones empíricas de la existencia del bosón de Higgs, este procedimiento o prueba crucial define los hechos y zanja los desacuerdos de manera consensuada hasta la siguiente polémica.
Mariano Rajoy necesita la gran prueba crucial que permita que el prejuicio, la creencia instalada y la actitud inquisitorial queden superados por la evidencia inequívoca de los hechos comprobados. Descartado que los adversarios políticos tengan interés en obtenerla, deberá ser el PP el que la busque y aporte urgentemente, porque la hemorragia nacional es ya casi una melena fétida. Si la consigue, el honor del primer partido de España será salvado y algún medio de comunicación y sus fuentes deberían hacer frente a los cuantiosos daños causados. Si no la consigue, la sospecha generalizada y la presunción de culpabilidad continuarán deteriorando de manera creciente al PP y a la ya malherida democracia española, sin que se vislumbre una salida. Será el fin de una época.