La esperada imputación de la infanta Cristina por los (presuntos) delitos cometidos por su marido a través del Instituto Nóos supone la guinda en el pastel de la corrupción. Desde el felipismo, todas las instituciones importantes de la vida española han caído en el fango: el Banco de España, las cajas de ahorros, el BOE, el Palau de la Música, la Guardia Civil y los demás cuerpos policiales nacionales o regionales, la Fiscalía General del Estado, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, la CNMV, el Banco Santander, los Gobiernos autonómicos, el Tribunal Constitucional... Faltaba la Corona, protegida hasta ahora por un muro de silencio y complicidad levantado por los editores y los políticos, pero el muro de piedra se ha convertido en cortina de papel.
La consecuencia es que todo el edificio de la Transición se está conmoviendo bajo los golpes del desprestigio. La crisis que estamos atravesando no es únicamente económica y política, sino, sobre todo, moral y de confianza. En unos pocos años, la sociedad española ha pasado de ver La Clave a seguir Gran Hermano, y de la misma manera ha pasado de asegurar que son difamaciones y mentiras los rumores sobre la corrupción del Rey y de los gobernantes a considerar que las noticias se quedan cortas. Quede como ejemplo chusco el rasgado de vestiduras por parte de WWF-Adena cuando se supo que su presidente de honor, Don Juan Carlos, había cazado un elefante en Botsuana. ¿Quién en España ignoraba que el Rey es un apasionado cazador?
La política de encerrarse en la negación y el silencio por parte de los círculos de poder españoles ha llevado a que los ciudadanos, es decir, los votantes, es decir, los sujetos de la soberanía nacional, estén dispuestos a creer cualquier barbaridad que se diga sobre la fortuna o los negocios de la Familia Real.
El proceso contra los Duques de Palma supone el final simbólico de la impunidad. Todos los regímenes anteriores de la España moderna tuvieron sus grandes escándalos de corrupción: en el reinado de Isabel II, la venta del Patrimonio Real con peaje para la Reina; en la República, el caso del estraperlo; y en el franquismo, Matesa. A causa de ellos, los regímenes perdieron su legitimidad y las filas de sus partidarios adelgazaron. ¿Puede ocurrir lo mismo con el caso Nóos?
El único consuelo que nos queda es que en la corrupción de los dirigentes España ha dejado de ser diferente. En muchos países de Occidente, tanto laicos como confesionales, tanto protestantes como católicos, el cohecho y el soborno son parte habitual del funcionamiento de los Estados. Así, en Francia el expresidente Jacques Chirac fue condenado por desvío ilegal de fondos; en Estados Unidos, Bill Clinton regaló docenas de indultos el último día de su estancia en la Casa Blanca; en Alemania, la dirección de Siemens reconoció que desembolsó cientos de millones de euros en sobornos por todo el mundo; y qué vamos a decir de Italia y México... Quizás Italia y México sean los modelos de nuestra clase política: países donde la corrupción es innegable, pero donde los mismos partidos y las mismas reglas del juego político se mantienen intactas desde hace décadas. Aunque de vez en cuando, y para aliviar a los ciudadanos, se cambian las caras.
Nuestro pesimismo es tal que incluso dudamos de que sea posible otra España.