La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre la etarra Inés del Río ha supuesto la transformación de la izquierda española, la más bruta de Europa Occidental, de turba gritona en cónclave de Cicerones y Justinianos. De considerar el Derecho un instrumento al servicio de sus objetivos políticos, como era el lenguaje para ese gran pensador llamado José Luis Rodríguez Zapatero ("Las palabras deben estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras"), a venerarlo como medio imprescindible para la vida civilizada.
La izquierda española siempre tratado el Derecho como si fueran unas botas de fútbol: le sirve para llegar al poder y hasta para dar patadas, y cuando ha metido el balón en la portería y ha ganado el partido se lo quita de encima.
El gran combate ideológico que ha desencadenado la izquierda desde el PSOE, muy controlado por ideas y consignas de extrema izquierda desde que Zapatero llegó a su secretaría general, es la memoria histórica, plasmada en una ley que el PP no se ha atrevido a derogar, sólo a retirar su financiación.
A través de la memoria histórica, el PSOE y toda la izquierda, incluyendo a ERC y a Bildu, pretenden fijar el canon de interpretación del pasado reciente de España, para de esta manera controlar el presente, y dividir a los españoles en buenos y malos. Los buenos lo son aunque fueran descendientes de jerarcas del franquismo o beneficiados de él (Juan Luis Cebrián, Cristina Almeida, José Bono, Juan Moscoso…), porque basta con colgarse la escarapela.
En este combate, los principios generales del Derecho son un estorbo, un obstáculo pequeñoburgués. Se puede aplicar a la ley lo que dijo Salvador Allende de los periodistas.
Por ello, las tropas de choque del Imperio Progre están empeñadas en atacar la Ley de Amnistía de 1977, aprobada con el voto a favor de todos los diputados y senadores del PSOE y del PCE que inmediatamente después elaboraron la Constitución, incluidos Felipe González, Santiago Carrillo, Alfonso Guerra, Rafael Alberti, Dolores Ibárruri y Marcelino Camacho; más, entre otros, Javier Arzallus (PNV) y Jordi Pujol (CiU).
Cebrián exigía "mutuo perdón humano"
En esa época, Juan Luis Cebrián, ya director de El País, pidió en su periódico una amnistía completa (9-1-1977), junto con un "total olvido" y "el mutuo perdón humano":
Es imposible construir una democracia pacífica basada en el rencor, la revancha, o la prepotencia. (...) Sólo con un total olvido objetivo de los temas que nos dividieron sangrientamente podrán los españoles construir su nueva paz civil. No se trata de reparar hipotéticos errores de la justicia, sino de ejercitar el mutuo perdón humano. Hoy toca enterrar definitivamente nuestras diferencias.
Pero en esta nueva fase política (y de sustitución de generaciones en los partidos y la universidad) ya no es útil la amnistía a la izquierda, en su proyecto de seguir moldeando España a su imagen y excluyendo de ella toda idea y todo hecho que contradigan la superioridad moral que se atribuyen. Por eso proponen su derogación expresa por otra ley de las Cortes o por la jurisprudencia.
El domingo 6 de octubre El País publicó un reportaje, titulado "España se resiste a juzgar el franquismo", en el que su autora, Natalia Junquera, propone la derogación de la Ley de Amnistía. Pero en esta cruzada ideológica participan supuestos expertos juristas, como el magistrado Juan Alberto Belloch, ministro de Interior y Justicia de Felipe González (El Mundo, 12-10-2013):
Me da dolor de tripa sólo mirar al [policía] Billy el Niño éste. Si el delito no ha prescrito, hay que derogar la Ley de Amnistía y juzgarle. Ojalá no esté prescrito. La Ley de Amnistía es muy parecida a la del Punto Final. Se hizo en un momento que precisaba un pacto, pero, como la Constitución, se nos ha hecho mayor. Ya no encaja.
Unos pocos días después del reportaje revisonista, el 17 de octubre, El País publicó un editorial sobre la sentencia del caso Faisán en que abjuraba de sus deseos de hacer justicia aunque pereciesen el mundo y el derecho. Así concluía:
Concentrarse ahora en el desarme de ETA es más importante que sostener la duda sobre viejas intenciones y responsabilidades [la colaboración con ETA mediante el chivatazo].
Silencio en las víctimas del terrorismo
La cosa juzgada, la irretroactividad de las leyes penales, la prescripción de los delitos, la aplicación de la ley penal más favorable, la seguridad jurídica… todos estos principios caen cuando se trata de hacer justicia, según dicen, a las víctimas del franquismo, pero se arrojan a otras víctimas políticamente incorrectas, como las del terrorismo (casi todo de izquierdas), como piedras a mujeres adúlteras. No es que el dolor de todas las víctimas se convierta en un remolino que absorba todo el Estado, sino el dolor de sólo unas víctimas. Este principio estratégico es inseparable de la facultad de elegir las víctimas que se emplean como ariete.
Ahora, la izquierda española, la misma que no condena las manifestaciones insultantes de UGT ante el juzgado de Mercedes Alaya, va más allá del respeto formal por las decisiones de los tribunales y, en el caso de la sentencia del TEDH, exige su cumplimiento irrestricto incluso cuando no obliga al Reino de España, como ha explicado el catedrático Carlos Ruiz Miguel. Y todo para no ser cavernícolas.
El jurista José Manuel Gómez Benítez, que participó en las negociaciones con ETA por encargo de Rodríguez Zapatero, donde se hablaba de modificar las leyes vigentes, de traslados de jueces y fiscales molestos y de manipulación de tribunales, se alegraba esta semana de la sentencia con argumentos sobre la preeminencia de la ley y otros principios ilustrados vigente en el Derecho Penal (compasión, reinserción, laicismo…):
Cualquier opinión crítica es respetable, especialmente si procede de víctimas del terrorismo, pero frente a quienes desde la caverna [sic] promueven el desacato a la sentencia del TEDH y nos sitúan, así, al margen de Europa (…) hay que decir que esta es nuestra cultura y nuestra civilización y que, en su defensa, merece la pena seguir siempre reivindicando el imperio de la ley y la seguridad jurídica.
El escritor Rafael Reig, colaborador de ABC, ha pasado de tener repulsión por la Ley de Amnistía como ejemplo de impunidad en agosto a burlarse de las víctimas del terrorismo escandalizadas por la puesta en libertad de Inés del Río en octubre:
Las víctimas no suelen entender que la ley no les reviente la cabeza de inmediato a los asesinos. (…) Que las víctimas sean partidarias de la venganza y del encarnizamiento contra los asesinos es lo que cabe esperar. Alejamiento de presos, aplicación retroactiva de leyes, trabajos forzados, palinodia pública, uniformes de rayas… si yo fuera víctima, sin duda pediría lo mismo o directamente la horca, por qué no, pero confío en que el ministro de Justicia no me haría ni caso o, como mucho, me daría una palmadita en la espalda y me mandaría a casa diciendo: "Dura lex sed lex".
(Aquí se ve que esta hermana de un guardia civil asesinado por Iñaki de Juana e Inés del Río no dice nada de lo que le atribuye Reig).
Y Miguel Ángel Aguilar publicó en el periódico que justificó al exjuez por querer levantar una causa general contra el franquismo:
Ni siquiera contra ETA y sus asesinos vale transgredir la irretroactividad de las normas penales.
¿Cuánto tiempo tardarán los izquierdistas que nos han atosigado con sus doctrinas y sus doctas opiniones en quitarse las togas y birretes de puntillosos juristas para regresar a su condición de estranguladores de leyes pasadas? ¿Una semana?