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Una reforma electoral de calado

La ventaja de este sistema es que mejoraría la calidad de la rendición de cuentas de los diputados ante sus representados.

Percival Manglano
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El pasado viernes el PP de Madrid dio un pequeño paso administrativo cuya repercusión para los españoles (no me atrevo a hablar de la Humanidad, pese a mi entusiasmo) puede ser la de un gran salto. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, registró entonces una propuesta de creación de comisión de estudio sobre la reforma electoral.

Es importante recordar el contexto de esta iniciativa. A finales de 2011 el PP de Madrid hizo pública una propuesta para cambiar la ley electoral madrileña que regula la elección de los diputados autonómicos. El corazón de la propuesta es la creación de 43 circunscripciones de unas 150.000 personas cada una, dentro de las cuales los ciudadanos votarían a una persona –y no a una lista– para que los represente en la Cámara autonómica. Dado que la Asamblea está compuesta por 129 diputados y que PSOE e IU han votado en contra de la propuesta del PP de reducir su número, las 43 circunscripciones implicarían que un tercio de los diputados fueran elegidos directamente por los ciudadanos; los dos tercios restantes lo serían, como hasta ahora, a través de una lista electoral.

La ventaja de este sistema es que mejoraría la calidad de la rendición de cuentas de los diputados ante sus representados. Todo madrileño tendría, por fin, una respuesta clara a la pregunta: "¿Quién me representa?"; sería el diputado de la circunscripción en la que reside. El actual sistema de listas cerradas y bloqueadas ha supuesto que las responsabilidades políticas de los diputados y senadores ante sus votantes se hayan diluido en las siglas de los partidos. Dado que la responsabilidad o es personal o no es, el ciudadano se siente demasiado huérfano de representación política.

El PSOE e IU se han opuesto de manera furibunda a la iniciativa con el argumento de que beneficiaría electoralmente al PP. Este razonamiento es equivocado por varias razones. Por un lado, el PP de Madrid hizo una proyección de cuál habría sido la composición de la Asamblea si la ley propuesta hubiese estado vigente en 2011 y en 1995, y habría sido la misma que con la actual ley. Por otro lado, PSOE e IU olvidan que con la actual ley el PP lleva ganando elecciones por mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid desde hace prácticamente veinte años.

Y, sobre todo, socialistas y comunistas demuestran ser incapaces de pensar en otros términos que no sean los de su exclusivo interés electoral. La propuesta de ley busca mejorar la calidad de la representación política en Madrid asegurando que los diputados tengan una mayor obligación de rendir cuentas a sus conciudadanos. Quizá sea esta la verdadera razón por la que se oponen a la ley.

Lo cierto es que la ley no saldrá adelante sin el apoyo de PSOE o IU. Su aprobación implica modificar el estatuto de autonomía madrileño, lo que requiere una mayoría en la Asamblea de dos tercios. El PP necesitaría el apoyo de UPyD (que inicialmente dio la bienvenida a la idea y luego parece haberse enfriado) y de otros seis diputados para sacar adelante la norma.

Al no cejar en su empeño reformista, el PP de Madrid ha decidido proponer la creación de una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid. A la comisión acudirán académicos y expertos varios para dar su opinión sobre el tipo de reforma electoral que necesita la región. Se mantendrá así vivo el debate sobre cómo regenerar nuestro sistema democrático. Y quizá al final PSOE e IU decidan prestar su apoyo a una reforma que, a través de la creación de circunscripciones electorales, mejoraría el actual sistema.

Percival Manglano es concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid 
pmanglano.com

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