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Santiago Navajas

Cien catedráticos ciegos

Nos reiríamos abiertamente de estos catedráticos si el asunto, literalmente a vida o muerte, no fuera tan grave.

Santiago Navajas
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Nos reiríamos abiertamente de estos catedráticos si el asunto, literalmente a vida o muerte, no fuera tan grave.

Cien catedráticos de Derecho Penal han firmado un manifiesto en contra de la prisión permanente revisable (PPR). El primero de los firmantes es Juan Antonio Lascuraín, que en alguno de sus escritos ha planteado la estrambótica e infame analogía entre la PPR y la amputación de una mano a los ladrones, tratando de equiparar a los proponentes de la medida con los defensores de la sharia. ¿Acaso Holanda, Alemania, Gran Bretaña y la mayor parte de los países europeos que tienen cadena perpetua, en ocasiones sin revisión de ningún tipo, son comparables a Arabia Saudí o Irán, países en los que, ley islámica mediante, cortan las manos a los ladrones? ¿Se ha vuelto loco Lascuraín o es que son tan pobres sus argumentos que tiene que recurrir a dicha demagogia, digna de Donald Trump o Pablo Iglesias? La bajeza de este recurso retórico se corresponde con el auténtico motivo de la oposición a la ley, que no es técnico sino que está cargado de moralina. Dichos catedráticos se escudan en su cargo y en la falacia de la autoridad para hacer comulgar con lo que no es sino una serie de dogmas ideológicos.

Porque el planteamiento que realizan los catedráticos está alejado del más mínimo rigor científico y del más elemental análisis filosófico. Se refieren a la "reinserción social" que fundamenta nuestro sistema penal como objeción primordial contra la PPR, cuando es obvio que ese principio se mantiene con el carácter de revisabilidad de la propuesta. Pero es que la reinserción no es posible asegurarla a priori, porque hay individuos que no se quieren rehabilitar o que no pueden. Pensar lo contrario, como implícitamente sostienen los catedráticos, solo es posible si se sigue creyendo en el obsoleto modelo estándar de las ciencias sociales. Un modelo que, como explica Steven Pinker, se basa en dos dogmas: el de la tabla rasa, según el cual somos susceptibles de ser reescritos por ingenieros sociales, y el del buen salvaje, por el que seríamos buenos por naturaleza y la sociedad sería la causante de la perversión que algún criminal pudiese mostrar. De Sócrates, que creía que no hay personas malas sino ignorantes, a Rousseau, que sostenía que los asesinos no nacen sino que se hacen (y, por tanto, se pueden deshacer), hay una corriente filosófica ingenua sobre los motivos e incentivos de los criminales que es tan superficial como objetivamente cómplice del delito.

Los catedráticos ya admiten, aunque se ha venido mintiendo durante mucho tiempo sobre el particular, que la PPR puede ser constitucional. Por lo que su principal argumentación no es de carácter técnico sino ¡moral! Es decir, aunque se escudan tras su título de catedráticos, en realidad argumentan como filósofos, para lo que no están especialmente dotados, con un tono más bien de sacerdotes, para lo que tampoco. Pero precisamente en el orden moral es donde se revela la falta de decencia con la que torticeramente tratan de descalificar a los partidarios de la PPR. Porque no tienen ni una sola palabra para las víctimas, de hecho y potenciales, de los criminales, terroristas, asesinos en serie y violadores sin la menor voluntad de reinsertarse. ¿Por qué habría la sociedad en su conjunto de cargar con el peso de la ideología buenista de unos catedráticos que, por pertenecer a una clase social hiperprivilegiada, tienen una probabilidad mucho menor de ser víctimas que quienes pertenecen a estratos más desfavorecidos? No es por casualidad que los partidos de izquierda estén perdiendo votos a raudales entre los trabajadores, debido a que están dominados por una casta de clase media que se aprovecha de la política para medrar en instituciones públicas, con un ojo puesto en sus intereses pecuniarios y el otro en ideales que les hacen creer que son seres de luz.

Permítanme que les muestre un par de casos paradigmáticos. En 2005 Mohamed Buyeri, un fundamentalista islámico, asesinó al realizador de cine Theo van Gogh porque había hecho un corto denunciando la opresión de las mujeres en el Islam. Fue condenado a cadena perpetua absoluta, sin posibilidad de revisión. Durante el juicio, Buyeri no solo no se arrepintió sino que se dirigió a la madre de la víctima diciéndole: "No siento tu dolor. No tengo ninguna empatía contigo. No siento nada por ti porque eres una infiel. Lo volvería a asesinar". También argumentó que en "la lucha de los creyentes contra los infieles la violencia es aprobada por el profeta Mahoma".

En Holanda la cadena perpetua es siempre absoluta, sin posibilidad de revisión. El fiscal insistió en la amenaza que representaba para cada uno de los holandeses y para todo el sistema democrático:

El acusado rechaza nuestra democracia y pretende destruirla. Con violencia y siendo perseverante en sus propósitos. Esto exige una respuesta firme. Literalmente expulsándolo de nuestra democracia. Lo que significa que no le será permitido votar. Lo que significa privarlo del sufragio pasivo y activo. Tomando todo esto en consideración, la peligrosidad de sus actos, las circunstancias y la personalidad del acusado, solo encuentro un castigo adecuado, y es la cadena perpetua.

En Holanda solo 28 personas han sido sentenciadas a dicha pena, fundamentalmente asesinos múltiples. Desde 2004, también se contempla la cadena perpetua para terroristas, lo que permitió encarcelar de por vida a un peligro social permanente como Buyeri. Estos datos también desmienten el otro argumento contra la PPR: que las cárceles españolas están sobrecargadas y la PPR aumentaría el problema. La PPR tiene un rango de actuación sobre criminales que al tiempo que son pocos ocasionan un gran daño social. Por cierto, en otra falla de su capacidad lógica, los catedráticos cargan contra la PPR porque argumentan que 1) nuestro sistema penal ya es muy "duro" y 2) la tasa de delincuencia es muy baja en España. Los dos datos son ciertos pero lo que se sigue de ello, en todo caso, es que debemos hacer más duro (y preciso) nuestro sistema penal para reducir todavía más la tasa de delincuencia. Es sintomático que los mismos que piden endurecer las penas en los casos de violencia de género pretendan lo contrario en caso de violaciones y asesinatos múltiples (cuyas víctimas, por cierto, suelen ser mujeres).

Otro caso paradigmático español, el fascinante caso de el Polli: asesina a su padre y a una anciana, viola a su sobrina; tras 10 años de cárcel, abusa sexualmente de su madre. En unos meses volverá a salir a la calle. Desterrado de su pueblo, la probabilidad de que termine paseándose cerca del Parlamento español, donde se plantea derogar la PPR, es bajísima, casi cero. Para tranquilidad de PNV, PSOE, Podemos y demás partidos que implícitamente están a favor de que salga libre debido a que es una víctima de la sociedad.

Si no fuera porque la ideología contraria a la PPR contó desde el inicio de la democracia con este lobby a favor de considerar al criminal una víctima de la sociedad, seguramente no habrían salido a la calle violadores reincidentes como el del Ascensor o el del Estilete. Solo desde la indigencia intelectual e indecencia moral se puede llegar a afirmar que la PPR "no añade eficacia en la evitación de los delitos más graves". No me atrevo a afirmar que estos catedráticos ciegos a la lógica y a la moral pueden decir esta frase a la cara a las víctimas de los asesinos y violadores reincidentes. En el fondo, junto a Sócrates y Rousseau, otro filósofo anima la defensa del verdugo y el desprecio de las víctimas. Michel Foucault denunciaba la prisión como una herramienta de la burguesía para tener vigilados y castigados a los "desviados sociales". Desde entonces, la izquierda académica, que controla el acceso a los cargos universitarios tanto en Estados Unidos, según denuncia Jonathan Haidt, como en el resto del mundo, sigue la estela del filósofo francés al argumentar que la justicia es venganza y los verdugos deben ser tratados como si fuesen víctimas. Pero aquí la única venganza que hay es contra la teoría de la justicia en el Estado de Derecho liberal, que sostiene que a los criminales hay que apartarlos de la sociedad como medida de precaución, castigarlos como corresponde a su capacidad de ser responsables y reinsertarlos en la medida en que sea posible. Y los únicos verdugos son los criminales que asesinan y los intelectuales que, como denunció en su día Julien Benda, traicionan la razón y la justicia en nombre del activismo social. Escribía Benda en La traición de los intelectuales:

Si a Racine o a La Bruyère se les hubiera pasado por la cabeza publicar consideraciones sobre lo oportuno de la guerra de Holanda o la legitimidad de las Cámaras, les habría parecido que sus compatriotas iban a reírse abiertamente de ellos.

Nos reiríamos abiertamente de estos catedráticos si el asunto, literalmente a vida o muerte, no fuera tan grave.

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