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Decía el difunto Joaquín Garrigues que si los españoles pudieran escuchar las deliberaciones de los consejos de ministros que presidía Suárez se colapsaría inmediatamente la terminal de vuelos internacionales en Barajas. Por desgracia para las compañías aéreas australianas, nunca nos enteramos. Procede recordarlo ahora, porque la enorme zozobra que debe padecer Carod Rovira por la salud de la Hacienda del Reino de España es tan previsible que lo extraño es que no se hayan disparado ya las solicitudes de pasaportes al saberse que ZP está decidido a pactar el Presupuesto con los filólogos de la Esquerra.
 
De momento, nadie sabe hasta cuándo aguantará Puigcercós que el presidente del Congreso recurra al suahili para interrumpirle cada vez que él hace uso del catalán en sus intervenciones parlamentarias. Pero seguro que será antes de que transcurran esos tres años que Solbes quiere cerrar con superávit. Ayer, los comunistas y los independentistas de ERC se prestaron a escenificar la broma de asegurarle al Gobierno un saldo positivo del 0,4% del PIB en las cuentas públicas para el año 2007. Obraron igual que Rodríguez cuando se comprometió alegremente a no tocar ni una coma del proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña que remita el Parlament a las Cortes. Tan en serio hablaba el uno entonces, como los otros hace un rato.
 
A cambio de la humorada de sus socios, el Gobierno abrió la espita legal para que las Comunidades Autónomas puedan saltarse a la torera el principio del déficit cero. Sobre todo, las antitaurinas. Porque el criterio para autorizar el jolgorio en el gasto se basará en “tener en cuenta baremos como el esfuerzo fiscal que realiza cada territorio para contribuir al sostenimiento del resto de autonomías”. Es decir, que se endeuden las que menos lo necesitan dado que su renta regional está por encima de la media nacional. Estamos, pues, ante un novedoso principio de solidaridad socialista: la redistribución al revés. Manténganse frugales los pobres para no hacer indigerible el incremento del consumo de los ricos.
 
El Estado es Hacienda y la Guardia Civil. Quienes mejor lo saben son los nacionalistas. Por eso, aprovecharon la debilidad parlamentaria del primer gobierno del Partido Popular para forzar el repliegue de los cuerpos de seguridad nacionales en Cataluña. Por lo mismo han convertido en su principal objetivo para esta legislatura la modificación de la financiación autonómica, delante incluso de las reformas estatutarias. Y por idéntica razón el candado del gasto autonómico que se abrió ayer en las Cortes no se cerrará jamás. Porque no es una flexibilización transitoria de las normas fiscales, sino un adelanto encubierto del reparto asimétrico del gasto público; la avanzadilla de lo que pudorosamente han dado en llamar “España plural”.
 
A principios de 1976, entre los quinientos o seiscientos adolescentes que constituimos el único antifranquismo real que conocieron las calles de Barcelona, se extendió el hábito cafre de asaltar los vagones del metro al grito de “¡Paga Suárez!” para acudir a las manifestaciones. La legión de prudentes que, callada, nos contemplaba desde los balcones de los entresuelos del Ensanche sabía que hasta en aquello andábamos equivocados. Todavía faltaban veintiocho años para que ellos pudieran susurrar con alegría: “¡Paga Zapatero!”.

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