L D (EFE)
En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo, el titular de Interior, Angel Acebes, reiteró que el objetivo del Gobierno con este proyecto, la tercera reforma en esta legislatura, es facilitar la inmigración legal, evitar los abusos de los "desaprensivos" que se aprovechan de los inmigrantes y luchar contra la inmigración ilegal. Para conseguir este último objetivo, el proyecto unifica los criterios de repatriación, eliminando el trato diferenciado que se daba al inmigrante que entraba ilegalmente por un paso fronterizo o el que lo hacía en patera, y tipifica como infracción grave el tráfico de seres humanos.
Acebes destacó como medida importante que se podrá expulsar de forma preferente, en un plazo de 48 horas, no sólo a quienes cometan un delito, sino también a quienes cometan una infracción contra el orden público. A su juicio, era necesario arbitrar medidas para expulsar "inmediatamente" a "los inmigrantes que vienen de manera clandestina a cometer delitos, a cometer infracciones a nuestro ordenamiento jurídico a no cumplir la ley o a poner en riesgo el orden público".
Otra de las novedades de la ley será la obligación de las compañías de transporte, especialmente las áreas, de informar a las autoridades de las personas que desean viajar a España y de las que no utilizan su billete de vuelta, con lo que se pretende evitar, según Acebes, que permanezcan irregularmente en el país personas que entraron como supuestos turistas. Las compañías deberán hacerse cargo de los pasajeros que estén en tránsito en España y que no sean aceptados en el país de destino.
Tras la anulación de varios artículos del reglamento de extranjería por parte del Tribunal Supremo, el proyecto incorpora a la ley el internamiento en centros de los "inmigrantes clandestinos" con el fin de garantizar el cumplimiento de las órdenes de expulsión que se dicten con posterioridad. Con el fin de evitar "la reagrupación fraudulenta en cadena", es decir, que quienes se hayan reagrupado con familiares en España traigan a sus propios familiares, se exigirá en ese segundo caso tener un trabajo y un permiso de residencia, que deberá ser permanente para el caso de los ascendientes.
Para facilitar la inmigración legal, la principal novedad del proyecto es la supresión de trámites innecesarios, por lo que el visado podrá tener la consideración de permiso de trabajo o residencia. El ministro de Interior aseguró que el proyecto mantiene las posibilidades de obtener un permiso por "arraigo", aunque avanzó que se desarrollarán de manera reglamentaria.
El proyecto obligará a los extranjeros a gestionar personalmente determinados trámites con el objetivo de evitar los "abusos y actos fraudulentos de desaprensivos" que, "con ánimo de lucro", les dan "falsas expectativas de derechos".
Acebes destacó como medida importante que se podrá expulsar de forma preferente, en un plazo de 48 horas, no sólo a quienes cometan un delito, sino también a quienes cometan una infracción contra el orden público. A su juicio, era necesario arbitrar medidas para expulsar "inmediatamente" a "los inmigrantes que vienen de manera clandestina a cometer delitos, a cometer infracciones a nuestro ordenamiento jurídico a no cumplir la ley o a poner en riesgo el orden público".
Otra de las novedades de la ley será la obligación de las compañías de transporte, especialmente las áreas, de informar a las autoridades de las personas que desean viajar a España y de las que no utilizan su billete de vuelta, con lo que se pretende evitar, según Acebes, que permanezcan irregularmente en el país personas que entraron como supuestos turistas. Las compañías deberán hacerse cargo de los pasajeros que estén en tránsito en España y que no sean aceptados en el país de destino.
Tras la anulación de varios artículos del reglamento de extranjería por parte del Tribunal Supremo, el proyecto incorpora a la ley el internamiento en centros de los "inmigrantes clandestinos" con el fin de garantizar el cumplimiento de las órdenes de expulsión que se dicten con posterioridad. Con el fin de evitar "la reagrupación fraudulenta en cadena", es decir, que quienes se hayan reagrupado con familiares en España traigan a sus propios familiares, se exigirá en ese segundo caso tener un trabajo y un permiso de residencia, que deberá ser permanente para el caso de los ascendientes.
Para facilitar la inmigración legal, la principal novedad del proyecto es la supresión de trámites innecesarios, por lo que el visado podrá tener la consideración de permiso de trabajo o residencia. El ministro de Interior aseguró que el proyecto mantiene las posibilidades de obtener un permiso por "arraigo", aunque avanzó que se desarrollarán de manera reglamentaria.
El proyecto obligará a los extranjeros a gestionar personalmente determinados trámites con el objetivo de evitar los "abusos y actos fraudulentos de desaprensivos" que, "con ánimo de lucro", les dan "falsas expectativas de derechos".