L.D. / EP.-
El gobierno podía optar por dos opciones que establecía la directiva europea al respecto: prohibir la publicidad que no cuente con autorización previa, o permitirla, siempre que se identifique como tal (poniendo en el asunto del mensaje “publi”) y que se garantice el derecho de los internautas a apuntarse a listas de exclusión voluntarias.
Al principio, el Gobierno había optado por la segunda opción si las comunicaciones comerciales se podían identificar instantáneamente como tales de forma que el destinatario pudiera eliminar el mensaje sin abrirlo, sin embargo el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha cambiado de idea para que “sea el propio internauta el que navegue activamente por Internet y se suscriba a los servicios publicitarios que desee”, según anunció el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Baudilio Tomé.
Otra de las razones por las que se prohibirá la publicidad sin autorización previa es que mientras que en el correo tradicional la empresa anunciante se hace cargo de los gastos de envío, en el electrónico es el receptor el que tiene que hacerse cargo de los gastos (tiempo y coste de conexión y capacidad de ancho de banda).
En cuanto al texto del Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Tomé aseguró que garantiza la protección de los internautas españoles a través de su propio derecho y establece el cese inmediato de toda conducta contraria a la ley, aunque proceda de otros estados miembros de la Unión Europea, Además, fomenta la autorregulación y propicia la creación de contratos electrónicos, que se regirán por el principio de liberta de forma del derecho español.
Al principio, el Gobierno había optado por la segunda opción si las comunicaciones comerciales se podían identificar instantáneamente como tales de forma que el destinatario pudiera eliminar el mensaje sin abrirlo, sin embargo el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha cambiado de idea para que “sea el propio internauta el que navegue activamente por Internet y se suscriba a los servicios publicitarios que desee”, según anunció el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Baudilio Tomé.
Otra de las razones por las que se prohibirá la publicidad sin autorización previa es que mientras que en el correo tradicional la empresa anunciante se hace cargo de los gastos de envío, en el electrónico es el receptor el que tiene que hacerse cargo de los gastos (tiempo y coste de conexión y capacidad de ancho de banda).
En cuanto al texto del Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Tomé aseguró que garantiza la protección de los internautas españoles a través de su propio derecho y establece el cese inmediato de toda conducta contraria a la ley, aunque proceda de otros estados miembros de la Unión Europea, Además, fomenta la autorregulación y propicia la creación de contratos electrónicos, que se regirán por el principio de liberta de forma del derecho español.