L. D. / EFE.-
Múgica ha presentado sus sugerencias durante un curso de verano sobre la violencia contra las mujeres. El Defensor del Pueblo ha declarado que es importante que “las víctimas puedan rehacer su vida social y laboral y que se les facilite un puesto de trabajo rápido y urgente e incluso que tengan acceso a viviendas en mejores condiciones con las personas que no sufren el maltrato”. El informe presentado por Múgica propone crear unidades interdisciplinares para el diagnóstico de familias con riesgo de violencia y reclamar las medidas oportunas para que sea el maltratador quien tenga que abandonar el hogar y no la víctima y los hijos.
Las sugerencias del Defensor del Pueblo incluyen el establecimiento de programas adecuados de rehabilitación –de asistencia médica, psicológica, de reeducación–, dirigida a los agresores, entre los que se incluyen estrategias motivadoras, aunque Múgica se ha mostrado un tanto escéptico en cuanto a sus resultados posteriores. Además, el informe propone una mayor coordinación entre la Administración de Justicia y el sistema de Servicios Sociales para casos de suspensión de condena, con objeto de que no vuelva a suceder que condenados, en libertad condicional por asesinato frustrado, aprovechen su situación para asesinar a sus víctimas, a pesar de las reiteradas denuncias de ella.
En opinión de Múgica, la actitud de los medios de comunicación ha hecho que las mujeres “reivindiquen las funciones que deben desempeñar dentro de la igualdad de sexos que está en la Constitución española”. Sin embargo, ha asegurado que el principal instrumento es la denuncia y que los casos denunciados siguen siendo mínimos en relación a los que realmente se producen, aunque ha apuntado que se ha producido un aumento, como lo demuestra el hecho de que en 1994 se denunciaran 13.547 casos y en el año 2000 la cifra se haya duplicado con creces hasta alcanzar las 30.269 denuncias.
Preguntado por el hecho de que, en ocasiones, se dicten sentencias contradictorias en este tipo de casos, Múgica ha afirmado que si bien hay 3.500 jueces y magistrados “cada uno de su padre y de su madre”, “el juez debe tener siempre presunción de buena fe y en la inmensa mayoría de los casos cumple esa presunción” y que, por otro lado, se trata de un porcentaje mínimo.
Las sugerencias del Defensor del Pueblo incluyen el establecimiento de programas adecuados de rehabilitación –de asistencia médica, psicológica, de reeducación–, dirigida a los agresores, entre los que se incluyen estrategias motivadoras, aunque Múgica se ha mostrado un tanto escéptico en cuanto a sus resultados posteriores. Además, el informe propone una mayor coordinación entre la Administración de Justicia y el sistema de Servicios Sociales para casos de suspensión de condena, con objeto de que no vuelva a suceder que condenados, en libertad condicional por asesinato frustrado, aprovechen su situación para asesinar a sus víctimas, a pesar de las reiteradas denuncias de ella.
En opinión de Múgica, la actitud de los medios de comunicación ha hecho que las mujeres “reivindiquen las funciones que deben desempeñar dentro de la igualdad de sexos que está en la Constitución española”. Sin embargo, ha asegurado que el principal instrumento es la denuncia y que los casos denunciados siguen siendo mínimos en relación a los que realmente se producen, aunque ha apuntado que se ha producido un aumento, como lo demuestra el hecho de que en 1994 se denunciaran 13.547 casos y en el año 2000 la cifra se haya duplicado con creces hasta alcanzar las 30.269 denuncias.
Preguntado por el hecho de que, en ocasiones, se dicten sentencias contradictorias en este tipo de casos, Múgica ha afirmado que si bien hay 3.500 jueces y magistrados “cada uno de su padre y de su madre”, “el juez debe tener siempre presunción de buena fe y en la inmensa mayoría de los casos cumple esa presunción” y que, por otro lado, se trata de un porcentaje mínimo.