El Parlamento de Suecia ha aprobado una reforma del Código Penal que busca ampliar y modernizar la ley que prohíbe la compra de servicios sexuales, vigente desde el año 1999.
Esta iniciativa se pondrá en marcha el próximo 1 de julio de 2025 y buscará establecer una división entre el consumo pasivo de material pornográfico y la participación activa en la creación del mismo.
Pena de cárcel como sanción
Esta actualización de la ley propone que cualquier persona que pague por contenido erótico creado expresamente para él podrá ser castigada con penas de prisión de hasta un año, considerándose un servicio sexual retribuido. A su vez, se castigará con sanciones económicas a quienes realicen pagos a cambio de que otras personas practiquen actos sexuales en vivo en Internet.
Esta nueva reforma de la legislatura contempla como proxenetismo el hecho de inducir a otras personas a realizar actos sexuales a distancia y/o beneficiarse económicamente de su exposición, lo que puede conllevar penas de cárcel que alcancen los 4 años. Por otro lado, la distribución y el consumo de este tipo de material pregrabado continuará dentro del marco legal, siempre y cuando el comprador no haya intervenido en su producción.
En este sentido, Teresa Carvalho, diputada socialdemócrata, declaro que: "Era hora de que modernizáramos la ley para incluir también la compra a distancia en plataformas digitales como, por ejemplo, OnlyFans".
La respuesta de OnlyFans
Por su parte, la compañía británica, una de las líderes en el mercado de contenido sexual por suscripción, ha criticado esta reforma legal, aludiendo a que perjudicará a miles de creadores que dependen de estos ingresos como único sustento económico. Además, ha destacado que la empresa contribuye al estado sueco con 12 millones de dólares anuales en forma de impuestos, remarcando el impacto económico que puede suponer en el país.
Por último, desde OnlyFans advierten que esta nueva regulación puede inducir a los creadores de contenido a optar por la utilización de canales no regulados, en los que se encuentran más desprotegidos.
Con esta reforma, el gobierno sueco mantiene su firme condición en contra de la compra de servicios sexuales, basada en el principio que afirma que quien debe ser sancionado en estos casos es el comprador. Por ello, se busca de esta manera acabar con la proliferación de contenido sexual en plataformas digitales que, utilizando vacíos legales, se encuentra en un momento de auge, especialmente desde la pandemia por Covid-19.