L D (Ramón Villota Coullaut)
Hasta este momento, el que ya empieza a conocerse como “caso CPV” ha conocido de tres juzgados en su instrucción. Primero, en el año 2000, le correspondió a la juez Coro Monreal, por turno de reparto, titular del Juzgado de Instrucción número 34, que sobreseyó las actuaciones por no encontrar actividad delictiva alguna. Dicho sobreseimiento fue recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid y fruto de ello fue la reapertura de este procedimiento dos años más tarde.
Pero en ese intervalo de tiempo se presentaron nuevas denuncias, que ocasionaron que el Juzgado de Instrucción número 8 iniciara actuaciones contra los administradores de CPV, lo que conllevó su entrada en prisión provisional, ya que dicho Juzgado sí entendió que era previsible la existencia de una estafa o apropiación indebida en su actuación.
Más tarde, con la necesariedad, proveniente de la Audiencia Provincial de Madrid, de que el procedimiento se reabriera en el Juzgado instructor número 34, el número 8 perdió su competencia. Nuevamente, la juez del 34 volvió a actuar y revocó la situación de prisión provisional de los administradores de CPV después de menos de 2 meses de estancia en la cárcel, lo que ha ocasionado, a día de hoy, un nuevo recurso en contra de esta situación ante la Audiencia Provincial de Madrid, tanto por parte del fiscal como por parte de los abogados de los perjudicados.
Y ahora, el procedimiento se complica aún más con su remisión a la Audiencia Nacional, donde un tercer juez instructor en 6 meses va a conocer del “caso CPV”. Y después hablamos de la rapidez de la justicia, cuando en este caso constatamos que se han perdido años en una instrucción nefasta que no veía conducta delictiva en contra del criterio del fiscal, de la Audiencia e incluso del juzgado que durante unos meses tomo la riendas del asunto, tiempo suficiente como para precintar la sede de CPV y decretar la prisión provisional de sus administradores.
Esperemos, ya no nos queda otra cosa, que la instrucción en la Audiencia Nacional –el juez que la llevará será Baltasar Garzón, titular del Juzgado número 5– sea más acorde con un mínimo de sentido común, porque en otro caso tendremos que pensar que estafar es posible en España.
Pero en ese intervalo de tiempo se presentaron nuevas denuncias, que ocasionaron que el Juzgado de Instrucción número 8 iniciara actuaciones contra los administradores de CPV, lo que conllevó su entrada en prisión provisional, ya que dicho Juzgado sí entendió que era previsible la existencia de una estafa o apropiación indebida en su actuación.
Más tarde, con la necesariedad, proveniente de la Audiencia Provincial de Madrid, de que el procedimiento se reabriera en el Juzgado instructor número 34, el número 8 perdió su competencia. Nuevamente, la juez del 34 volvió a actuar y revocó la situación de prisión provisional de los administradores de CPV después de menos de 2 meses de estancia en la cárcel, lo que ha ocasionado, a día de hoy, un nuevo recurso en contra de esta situación ante la Audiencia Provincial de Madrid, tanto por parte del fiscal como por parte de los abogados de los perjudicados.
Y ahora, el procedimiento se complica aún más con su remisión a la Audiencia Nacional, donde un tercer juez instructor en 6 meses va a conocer del “caso CPV”. Y después hablamos de la rapidez de la justicia, cuando en este caso constatamos que se han perdido años en una instrucción nefasta que no veía conducta delictiva en contra del criterio del fiscal, de la Audiencia e incluso del juzgado que durante unos meses tomo la riendas del asunto, tiempo suficiente como para precintar la sede de CPV y decretar la prisión provisional de sus administradores.
Esperemos, ya no nos queda otra cosa, que la instrucción en la Audiencia Nacional –el juez que la llevará será Baltasar Garzón, titular del Juzgado número 5– sea más acorde con un mínimo de sentido común, porque en otro caso tendremos que pensar que estafar es posible en España.