(Libertad Digital) Según informa la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos en un comunicado, "a la vista de las informaciones publicadas sobre la posibilidad de que el Gobierno catalán exija que se hable el catalán en los colegios de Primaria durante el recreo, considerándolo como horario lectivo, CONCAPA exige que se respete escrupulosamente la libertad de los alumnos para expresarse en la lengua que deseen, especialmente si es el castellano".
Esta asociación ha querido recordar que "la Constitución Española señala en su art. 3 que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y –resalta la nota– el derecho de usarla”. Por esto, añade, "resulta inadmisible que un Gobierno autonómico se arrogue competencias que no posee, a menos que, como parece, no tenga ninguna consecuencia vulnerar los preceptos y derechos recogidos en nuestra Carta Magna".
CONCAPA destaca que esta medida "pone en evidencia al Gobierno español, quien apoya con su silencio y complicidad la persecución de la que están siendo objeto en Cataluña todas las familias que desean estudiar en castellano o expresarse en este idioma". La asociación se sorprende, precisamente por esto, de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero alegue "entre sus argumentos para justificar la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que la misma servirá para conocer los derechos y deberes de la Constitución".
Por esto, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos denuncia que "el Gobierno emplea una doble vara de medir a la ciudadanía: Por un lado, se jacta de exigir el cumplimiento de la ley incurriendo en la vergonzante actitud de insultar y amenazar a los que objetan contra EpC, que no hacen otra cosa que ejercitar un derecho constitucional. Y, por otro, es ciego y sordo con incumplimientos constitucionales gravísimos como no proteger el derecho a estudiar y expresarse en castellano, olvidando con ello la igualdad de todos los españoles ante la ley sin que quepa aplicar esta en diferentes grados estableciendo casuísticas ofensivas y discriminatorias".
La nota de la CONCAPA añade que "este tipo de actuaciones deslegitiman a quien –cual caudillo– se ha erigido en ciudadano por encima del bien y el mal con la arrogancia de querernos imponer a los demás sus valores y peculiar forma de entender la convivencia, la justicia, la verdad o la solidaridad, en lugar de servir a todos los españoles por igual".