L D (EFE) En la sentencia hecha pública casi ocho años y medio después del accidente, la juez condena a Juan Cano, director operativo, Antonio Guinovart, jefe de mantenimiento, y Eduardo Mañé, jefe de seguridad, por una falta de homicidio imprudente y 62 faltas de lesiones imprudentes, mientras que absuelve de los mismos cargos al director general de Uquifa, Mark Ian Robbins.
Los hechos ocurrieron sobre las 0.20 horas del 1 de junio de 1996, cuando un tanque de lejía reventó, se desplomó sobre una tubería de ácido clorhídrico y la reacción química produjo una nube tóxica de cloro que afectó a los propios trabajadores de Uquifa, a vecinos de Sant Celoni y al personal sanitario de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos que acudieron a la zona siniestrada. La sentencia explica que el accidente se produjo "por causas que no se han determinado y de forma sorpresiva", si bien condena a los tres directivos al considerar que, aún conociendo el riesgo potencial de que se produjese un siniestro de ese tipo, no adoptaron ninguna medida para evitarlo.
La resolución afirma que, a pesar de que los tres condenados conocían que la mezcla del hipoclorito sódico con el ácido clorhídrico produce gas cloro, altamente tóxico, "no adoptaron medida alguna para modificar el diseño de la instalación a fin de que no existiese posibilidad de mezcla de dichos productos ni se lo comunicaron a los superiores jerárquicos para que, en su caso, tomaran las medidas oportunas". El accidente, según el fallo, afectó a un total de 75 personas y "la presencia del gas cloro precipitó la muerte de Mercé Vallalta Serra, que padecía una neoplasia pulmonar muy avanzada y, por tanto, tenía una capacidad pulmonar muy reducida".
La juez señala que "deberían haberse tomado las medidas oportunas para limitar el riesgo" de que se mezclasen los dos productos, "para lo que hubiera bastado con modificar el trazado de las tuberías, evitando que las de conducción de ácido clorhídrico pasasen por la cubeta de los tanques de lejía. Como lo anterior no se hizo, al producirse la aparatosa rotura del tanque de lejía que, a su vez, provocó la fractura de las tuberías, el ácido clorhídrico y el hipoclorito sódico se mezclaron, produciéndose una nube tóxica de gas cloro".
La sentencia destaca la "culpa" de los acusados, porque al tener "conocimiento de la disposición de los tanques y tuberías no podían ignorar la posibilidad de que en un hipotético accidente, al pasar la tubería de ácido clorhídrico por la cubeta con los tanques de hipoclorito sódico, podrían mezclarse ambos productos y producir cloro". Según la sentencia, los acusados "deberían haber adoptado por sí las medidas oportunas para que, dado la peligrosidad de los productos, en el caso de accidente se redujesen en lo posible las consecuencias nocivas, correspondiéndoles a ellos cuidar de que se limiten los riesgos de causar un daño, adoptando todas las medidas de seguridad que aconseje el sentido común, aunque vayan más allá de lo previsto en la reglamentación de la actividad".
Pese a establecer esta responsabilidad, el fallo califica la negligencia como leve, ya que "es patente que no hubo negligencia por inadecuado mantenimiento del tanque siniestrado". En cambio, se califica de leve la imprudencia porque "la fractura violenta que se produjo no fue previsible, porque ni había razón para sospechar que el tanque estuviese defectuoso ni menos de que, en el caso de que se produjese alguna porosidad o grieta, el tanque se quebrara circunferencialmente y cayera parte al suelo". La sentencia destaca, por otra parte, que el contenido del tanque se "vertió violentamente sobre las tuberías, que se fracturaron bien por la presión del líquido que las golpeó, bien por tracción mecánica al caer el tanque".
Los hechos ocurrieron sobre las 0.20 horas del 1 de junio de 1996, cuando un tanque de lejía reventó, se desplomó sobre una tubería de ácido clorhídrico y la reacción química produjo una nube tóxica de cloro que afectó a los propios trabajadores de Uquifa, a vecinos de Sant Celoni y al personal sanitario de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos que acudieron a la zona siniestrada. La sentencia explica que el accidente se produjo "por causas que no se han determinado y de forma sorpresiva", si bien condena a los tres directivos al considerar que, aún conociendo el riesgo potencial de que se produjese un siniestro de ese tipo, no adoptaron ninguna medida para evitarlo.
La resolución afirma que, a pesar de que los tres condenados conocían que la mezcla del hipoclorito sódico con el ácido clorhídrico produce gas cloro, altamente tóxico, "no adoptaron medida alguna para modificar el diseño de la instalación a fin de que no existiese posibilidad de mezcla de dichos productos ni se lo comunicaron a los superiores jerárquicos para que, en su caso, tomaran las medidas oportunas". El accidente, según el fallo, afectó a un total de 75 personas y "la presencia del gas cloro precipitó la muerte de Mercé Vallalta Serra, que padecía una neoplasia pulmonar muy avanzada y, por tanto, tenía una capacidad pulmonar muy reducida".
La juez señala que "deberían haberse tomado las medidas oportunas para limitar el riesgo" de que se mezclasen los dos productos, "para lo que hubiera bastado con modificar el trazado de las tuberías, evitando que las de conducción de ácido clorhídrico pasasen por la cubeta de los tanques de lejía. Como lo anterior no se hizo, al producirse la aparatosa rotura del tanque de lejía que, a su vez, provocó la fractura de las tuberías, el ácido clorhídrico y el hipoclorito sódico se mezclaron, produciéndose una nube tóxica de gas cloro".
La sentencia destaca la "culpa" de los acusados, porque al tener "conocimiento de la disposición de los tanques y tuberías no podían ignorar la posibilidad de que en un hipotético accidente, al pasar la tubería de ácido clorhídrico por la cubeta con los tanques de hipoclorito sódico, podrían mezclarse ambos productos y producir cloro". Según la sentencia, los acusados "deberían haber adoptado por sí las medidas oportunas para que, dado la peligrosidad de los productos, en el caso de accidente se redujesen en lo posible las consecuencias nocivas, correspondiéndoles a ellos cuidar de que se limiten los riesgos de causar un daño, adoptando todas las medidas de seguridad que aconseje el sentido común, aunque vayan más allá de lo previsto en la reglamentación de la actividad".
Pese a establecer esta responsabilidad, el fallo califica la negligencia como leve, ya que "es patente que no hubo negligencia por inadecuado mantenimiento del tanque siniestrado". En cambio, se califica de leve la imprudencia porque "la fractura violenta que se produjo no fue previsible, porque ni había razón para sospechar que el tanque estuviese defectuoso ni menos de que, en el caso de que se produjese alguna porosidad o grieta, el tanque se quebrara circunferencialmente y cayera parte al suelo". La sentencia destaca, por otra parte, que el contenido del tanque se "vertió violentamente sobre las tuberías, que se fracturaron bien por la presión del líquido que las golpeó, bien por tracción mecánica al caer el tanque".