L D (Agencias) Después de que el juez que investiga la trama de corrupción creada en torno al Ayuntamiento de Marbella decretara en los últimos días prisión para los principales detenidos en la "Operación Malaya" -entre ellos la alcaldesa, Marisol Yagüe, y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marco- el Ejecutivo ha decidido, en un Consejo de Ministros monográfico y extraordinario poner en marcha los trámites necesarios para disolver el Consistorio.
Este martes, la Junta de Andalucía instó al Gobierno a tomar esa determinación tras haber "sopesado concienzudamente" la situación que atraviesa el Ayuntamiento marbellí y tras valorar las actuaciones judiciales recientes, según dijo el presidente, Manuel Chaves. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó la voluntad del Gobierno es actuar "con toda rotundidad", una vez confirmados los indicios delictivos.
La decisión del Ejecutivo se fundamenta en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la Ley Electoral General, cuyos artículos 61 y 183, respectivamente, fijan los aspectos formales necesarios para iniciar el procedimiento de disolución de una Corporación. En función de los mismos el Gobierno ya ha pedido formalmente informes a la Comisión Nacional de Administración Local y al Senado sobre la disolución del Consistorio para que el viernes próximo el Consejo de Ministros pueda aprobar un real decreto de disolución.
La decisión del Ejecutivo se fundamenta en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la Ley Electoral General, cuyos artículos 61 y 183, respectivamente, fijan los aspectos formales necesarios para iniciar el procedimiento de disolución de una Corporación. En función de los mismos el Gobierno ya ha pedido formalmente informes a la Comisión Nacional de Administración Local y al Senado sobre la disolución del Consistorio para que el viernes próximo el Consejo de Ministros pueda aprobar un real decreto de disolución.
El Senado emitirá su informe este miércoles
El Senado emitirá su informe este miércoles (por la mañana lo estudiará la Comisión General de las Comunidades Autónomas y ya por la tarde lo ratificará el Pleno), mientras que la CNAL lo hará el jueves por la mañana. Fernández de la Vega subrayó que no es posible convocar elecciones anticipadas en Marbella, ya que la ley fija que no pueden celebrarse si el mandato del nuevo consistorio va a ser inferior a un año.
Dados los plazos del procedimiento electoral y de constitución del ayuntamiento (entre 75 y 95 días desde la convocatoria) y la fecha prevista de las elecciones municipales en toda España (27 de mayo de 2007), el Gobierno entiende que esa opción no es posible por lo que será necesario recurrir a la creación de una comisión gestora nombrada por el Diputación para hacerse cargo de la administración de la ciudad hasta los nuevos comicios.
No obstante, la vicepresidenta explicó que, "para evitar cualquier duda o interpretación" y "para que todo el mundo esté tranquilo" -en alusión a la petición del PP de que se convoquen elecciones anticipadas- el Gobierno va a solicitar con carácter de urgencia un informe al Consejo de Estado. El PP sostiene que aún hay plazo para convocar elecciones porque el mandato de los concejales no comienza, en su criterio, cuando se constituye el consistorio nuevo sino el día de las elecciones, de modo que bastaría con que estas se convocaran antes del 27 de mayo. Ello sería posible si el Gobierno se acoge a una ley que le permite, según los populares, recortar a la mitad algunos plazos del proceso electoral, como por ejemplo la campaña.
El Senado emitirá su informe este miércoles (por la mañana lo estudiará la Comisión General de las Comunidades Autónomas y ya por la tarde lo ratificará el Pleno), mientras que la CNAL lo hará el jueves por la mañana. Fernández de la Vega subrayó que no es posible convocar elecciones anticipadas en Marbella, ya que la ley fija que no pueden celebrarse si el mandato del nuevo consistorio va a ser inferior a un año.
Dados los plazos del procedimiento electoral y de constitución del ayuntamiento (entre 75 y 95 días desde la convocatoria) y la fecha prevista de las elecciones municipales en toda España (27 de mayo de 2007), el Gobierno entiende que esa opción no es posible por lo que será necesario recurrir a la creación de una comisión gestora nombrada por el Diputación para hacerse cargo de la administración de la ciudad hasta los nuevos comicios.
No obstante, la vicepresidenta explicó que, "para evitar cualquier duda o interpretación" y "para que todo el mundo esté tranquilo" -en alusión a la petición del PP de que se convoquen elecciones anticipadas- el Gobierno va a solicitar con carácter de urgencia un informe al Consejo de Estado. El PP sostiene que aún hay plazo para convocar elecciones porque el mandato de los concejales no comienza, en su criterio, cuando se constituye el consistorio nuevo sino el día de las elecciones, de modo que bastaría con que estas se convocaran antes del 27 de mayo. Ello sería posible si el Gobierno se acoge a una ley que le permite, según los populares, recortar a la mitad algunos plazos del proceso electoral, como por ejemplo la campaña.
El PP pide elecciones
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, advirtió de que la convocatoria de elecciones es la mejor forma de evitar "enjuagues y componendas que no serían entendidas", y consideró que "otras decisiones", en referencia a la creación de una comisión gestora, "siempre dejarán una sombra de duda". En la misma línea, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, insistió en que hay plazos legales para convocar elecciones y avisó al Gobierno y a la Junta de que, ante la posible creación de una gestora, no se les ocurra alcanzar un gobierno municipal "no logrado en las urnas".
La Diputación Provincial de Málaga, gobernada por el PSOE, tiene previsto convocar este viernes, una vez el Gobierno acuerde la disolución del Ayuntamiento de Marbella, a los dirigentes de los principales partidos para preparar la gestora que se hará cargo de la administración de la ciudad.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, advirtió de que la convocatoria de elecciones es la mejor forma de evitar "enjuagues y componendas que no serían entendidas", y consideró que "otras decisiones", en referencia a la creación de una comisión gestora, "siempre dejarán una sombra de duda". En la misma línea, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, insistió en que hay plazos legales para convocar elecciones y avisó al Gobierno y a la Junta de que, ante la posible creación de una gestora, no se les ocurra alcanzar un gobierno municipal "no logrado en las urnas".
La Diputación Provincial de Málaga, gobernada por el PSOE, tiene previsto convocar este viernes, una vez el Gobierno acuerde la disolución del Ayuntamiento de Marbella, a los dirigentes de los principales partidos para preparar la gestora que se hará cargo de la administración de la ciudad.