L D (EFE) La presentación de la propuesta ha corrido a cargo de la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP, Ana Pastor, y del portavoz popular de la comisión de Cooperación de la Cámara Baja, Gonzalo Robles, resaltando que la iniciativa es una ley “sencilla, pero extraordinariamente eficaz. Es un salto cualitativo en la protección del sujeto de la cooperación”.
Acompañados por el secretario popular de Asuntos Sociales, Política Migratoria y Relaciones con los Residentes en el Exterior, Rafael Rodríguez-Ponga, Pastor y Robles explicaron que la propuesta, que se registrará la próxima semana en el Congreso, incluirá tanto a los cooperantes como a las entidades contratantes (ONG, sindicatos, administraciones....).
Según Gonzalo Robles, la proposición desea “cubrir el vacío de que hayan pasado cuatro meses desde que el PSOE llegó al Gobierno y sólo hemos conocido declaraciones de intenciones o propagandísticas”. También ha querido recordar que el Estatuto está previsto en la Ley de Cooperación de 1998, aprobada en la etapa del PP.
Además del derecho a tener un contrato por escrito y el alta en la Seguridad Social, el Estatuto prevé el abono de los gastos del viaje de ida y vuelta del cooperante, de su cónyuge e hijos menores al país de destino, y una protección consular o diplomática española especial en el lugar donde resida.
Así, el cooperante podrá obtener de la entidad contratante una certificación de las funciones desempeñadas, un documento que podrá inscribir en un registro abierto a tal efecto en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Además, añadió Pastor, el tiempo servido como cooperante podrá ser considerado como mérito en los sistemas de selección para personal funcionario o laboral de las Administraciones Públicas, cuando las tareas realizadas guarden relación con las funciones que desempeñan los cuerpos y escalas de funcionarios o las plazas de personal laboral.
La iniciativa legislativa, que también recoge las obligaciones del cooperante, será presentada en septiembre a las ONG de cooperación al desarrollo, en un foro que el PP está organizando.
Por último, Rodríguez-Ponga, anterior secretario general de la Agencia Española de Cooperación especificó que a los cooperantes miembros de una orden religiosa se les aplicará su propio derecho interno, dado que existe una vinculación jurídica distinta a la del resto de cooperantes.
Acompañados por el secretario popular de Asuntos Sociales, Política Migratoria y Relaciones con los Residentes en el Exterior, Rafael Rodríguez-Ponga, Pastor y Robles explicaron que la propuesta, que se registrará la próxima semana en el Congreso, incluirá tanto a los cooperantes como a las entidades contratantes (ONG, sindicatos, administraciones....).
Según Gonzalo Robles, la proposición desea “cubrir el vacío de que hayan pasado cuatro meses desde que el PSOE llegó al Gobierno y sólo hemos conocido declaraciones de intenciones o propagandísticas”. También ha querido recordar que el Estatuto está previsto en la Ley de Cooperación de 1998, aprobada en la etapa del PP.
Además del derecho a tener un contrato por escrito y el alta en la Seguridad Social, el Estatuto prevé el abono de los gastos del viaje de ida y vuelta del cooperante, de su cónyuge e hijos menores al país de destino, y una protección consular o diplomática española especial en el lugar donde resida.
Así, el cooperante podrá obtener de la entidad contratante una certificación de las funciones desempeñadas, un documento que podrá inscribir en un registro abierto a tal efecto en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Además, añadió Pastor, el tiempo servido como cooperante podrá ser considerado como mérito en los sistemas de selección para personal funcionario o laboral de las Administraciones Públicas, cuando las tareas realizadas guarden relación con las funciones que desempeñan los cuerpos y escalas de funcionarios o las plazas de personal laboral.
La iniciativa legislativa, que también recoge las obligaciones del cooperante, será presentada en septiembre a las ONG de cooperación al desarrollo, en un foro que el PP está organizando.
Por último, Rodríguez-Ponga, anterior secretario general de la Agencia Española de Cooperación especificó que a los cooperantes miembros de una orden religiosa se les aplicará su propio derecho interno, dado que existe una vinculación jurídica distinta a la del resto de cooperantes.