L D (Agencias) Según el portavoz de Justicia del PP en la Cámara Alta, Agustín Conde, se intenta de esta forma "combatir las nuevas, y cada vez más en auge, modalidades criminales" típicas "de las nuevas bandas organizadas que están operando en territorio español".
Afirma que el Estado de Derecho tiene que "rearmarse jurídicamente" frente a los delitos violentos y recuperar "la capacidad de actualizar, de manera continuada, nuestro sistema penal, para cerrar, siempre dentro de los principios de nuestra Constitución, los espacios que el sistema pueda dejar abiertos a los criminales". Concretamente, los dos artículos que propone introducir son el 242 segundo y el 242 tercero.
Afirma que el Estado de Derecho tiene que "rearmarse jurídicamente" frente a los delitos violentos y recuperar "la capacidad de actualizar, de manera continuada, nuestro sistema penal, para cerrar, siempre dentro de los principios de nuestra Constitución, los espacios que el sistema pueda dejar abiertos a los criminales". Concretamente, los dos artículos que propone introducir son el 242 segundo y el 242 tercero.
El primero señala que "cuando el robo con violencia o intimidación vaya acompañado de la retención de la víctima para obligarle a proveerse de bienes distintos de los que portare en ese momento, o para permitir al delincuente la utilización de los medios de pago o de disposición de dinero que se le sustraigan, se impondrá la pena de prisión de cuatro a siete años".
El 242 tercero indica que "el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años cuando el delito se cometiera en casa habitada encontrándose sus moradores dentro de la misma". Además, se le impondrán las penas que pudieran corresponder a los actos de violencia física que realizare.
La proposición de Ley plantea la supresión de la última frase del artículo 164 del Código Penal, referido a la modalidad del "secuestro exprés clásico", que es aquel donde la retención de una persona se hace no con la finalidad de hurtarle sus cuentas bancarias a través de las tarjetas de crédito y débito, sino para exigir un rescate a la familia en un tiempo breve.
El 242 tercero indica que "el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años cuando el delito se cometiera en casa habitada encontrándose sus moradores dentro de la misma". Además, se le impondrán las penas que pudieran corresponder a los actos de violencia física que realizare.
La proposición de Ley plantea la supresión de la última frase del artículo 164 del Código Penal, referido a la modalidad del "secuestro exprés clásico", que es aquel donde la retención de una persona se hace no con la finalidad de hurtarle sus cuentas bancarias a través de las tarjetas de crédito y débito, sino para exigir un rescate a la familia en un tiempo breve.
Descoordinación en el Gobierno
Conde, ha denunciado una "descoordinación absoluta" del Gobierno a la hora de pronunciarse sobre la necesidad o no de reformar el Código Penal para luchar de forma más eficaz contra el crimen organizado y, en concreto, con las nuevas modalidades de "secuestro express" y de robos con violencia en casas con sus moradores en su interior.
En declaraciones a Europa Press, Conde ha recordado que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, consideró que el desafío en la lucha contra el crimen organizado está más en la inteligencia y la prevención que en los avances que pueda haber en el derecho penal, mientras que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó el pasado 10 de mayo que el Gobierno estaba dispuesto a estudiar modificar el Código Penal para que éste recoja expresamente la figura del "secuestro-express".