L D (EFE) Con el voto en contra de los dos vocales del sector progresista, el informe, que será ahora elevado al pleno del CGPJ antes de ser remitido al Gobierno, considera además que en lugar de exigir un plazo de tres meses de matrimonio antes de pedir el divorcio se debería exigir la ratificación de la solicitud tras un periodo de reflexión.
Según el dictamen, presentado por el ponente Adolfo Prego, la exigencia de plazo en los divorcios iniciados sólo por una de las partes debe tener como objetivo comprobar la "seriedad" y "la firme voluntad de romper el vínculo", pero en el anteproyecto parece que se quiere instaurar "una especie de matrimonio a prueba". Ante la posibilidad de que alguien proponga anular plazos y no exigir que el cónyuge alegue causas que justifiquen su deseo de separarse, en el informe se advierte al Gobierno de que se crearía una figura que sólo existe en la tradición musulmana: el repudio.
La eliminación del plazo era precisamente la propuesta que se hacía en el informe rechazado este miércoles en la comisión de estudios y que había redactado el vocal del sector progresista, Fernando Salinas, quien explicó que con su voto en contra el dictamen de este jueves se quiere demostrar que, en el fondo, el sector conservador apuesta por mantener la actual legislación, que exige plazos y causas en los divorcios. De hecho, una de las principales novedades del anteproyecto del Gobierno es que no se exige la separación previa y que no es necesario alegar causas en los procesos iniciados sólo por uno de los cónyuges.
Apoyo a la mujeres separadas
Para defender la necesidad de mantener la causalidad, el ponente hace suyas muchas de las alegaciones que ha enviado al CGPJ la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Esta organización feminista considera que es "imprescindible" ese requisito "no con el fin de imputar culpabilidad al cónyuge que objetivamente ocasionó los hechos determinantes de la separación, sino con el único fin de determinar su responsabilidad jurídica" ante cuestiones como la atribución de los hijos o el régimen de visitas.
El anteproyecto permite no cumplir los tres meses de matrimonio en casos de malos tratos o en interés del cónyuge o de los hijos, con lo que se corre el riesgo, según el informe, de que se presente "denuncias sin fundamento"; para evitarlo se propone que esas denuncias se acrediten. En el apartado relativo a las pensiones, el dictamen considera que debería analizarse la trascendencia que pueda tener "una eventual conducta dolosa o culposa de una de las partes, por ejemplo, forzando una separación unilateral de hecho, sin mayores explicaciones, o una separación o divorcio judicial".
El informe, que pide regular la mediación familiar como fórmula para intentar resolver los conflictos, respalda la posibilidad de que si no hay acuerdo el juez pueda determinar la custodia compartida de los hijos, pero establece numerosas cautelas.
Para defender la necesidad de mantener la causalidad, el ponente hace suyas muchas de las alegaciones que ha enviado al CGPJ la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Esta organización feminista considera que es "imprescindible" ese requisito "no con el fin de imputar culpabilidad al cónyuge que objetivamente ocasionó los hechos determinantes de la separación, sino con el único fin de determinar su responsabilidad jurídica" ante cuestiones como la atribución de los hijos o el régimen de visitas.
El anteproyecto permite no cumplir los tres meses de matrimonio en casos de malos tratos o en interés del cónyuge o de los hijos, con lo que se corre el riesgo, según el informe, de que se presente "denuncias sin fundamento"; para evitarlo se propone que esas denuncias se acrediten. En el apartado relativo a las pensiones, el dictamen considera que debería analizarse la trascendencia que pueda tener "una eventual conducta dolosa o culposa de una de las partes, por ejemplo, forzando una separación unilateral de hecho, sin mayores explicaciones, o una separación o divorcio judicial".
El informe, que pide regular la mediación familiar como fórmula para intentar resolver los conflictos, respalda la posibilidad de que si no hay acuerdo el juez pueda determinar la custodia compartida de los hijos, pero establece numerosas cautelas.