L D (EFE)
Martín Villa compareció durante más de tres horas ante la Comisión Constitucional del Congreso, a petición de CiU y BNG para explicar las actuaciones del Gobierno ante la Organización Marítima Internacional y la situación actual, tanto jurídica, ambiental y económica derivada de la catástrofe del Prestige.
Durante su intervención, el Comisionado afirmó sobre la extracción del fuel que "en estos momentos se han resuelto la mayor parte de las dificultades" y que ya se ha perforado un agujero de 70 centímetros en el pecio hundido a casi 4.000 metros de profundidad. Según la prueba que realiza la empresa Repsol-YPF, a ese orificio abierto se ha adosado una válvula y la bolsa, que una vez acumule fuel, se izará por gravedad hacia la superficie.
"El sistema funciona y la dificultad ahora más que en la extracción del fuel está en el izado de las bolsas a la superficie porque el tiempo en la zona es adverso con olas de 2 metros". "Su éxito se conocerá en horas y dependerá de la situación meteorológica", afirmó Martín Villa, quien avanzó que "si todo resulta bien a partir de la próxima primavera" se procederá a retirar de forma definitiva las "entre 14 y 15 mil toneladas" que quedan en el barco.
El coste de la catástrofe
Por otra parte, el Comisionado calculó que el coste del "Prestige" para España asciende a 650 millones de euros (unos 1.000 millones para España, Francia y Portugal), a lo que habría que añadir unos 50 millones si se incluye la construcción de una marquesina para el pecio. Estimó que España podría obtener de la UE fondos de financiación por valor de 450 millones de euros, de los que 150 corresponderían a FEDER, 151 a Cohesión, 100 a compensación al sector pesquero, 23 a mares y fondos marinos, 8 a Solidaridad y 10 al Fondo Social Europeo. Además, indicó que también se confía contar con una gran parte de los 170 millones de euros disponibles por el Fondo Internacional de Hidrocarburos (FIDAC).
Respecto a la parte judicial, recordó la causa abierta en el juzgado de Corcubión, en la que sigue imputado el director de la Marina Mercante, y las acciones en curso iniciadas por el Gobierno contra la empresa que certificó el estado del barco,. También recordó que se preparan acciones legales contra el propietario del barco y están en estudio otras contra el país que abanderó el buque.
Durante su intervención, el Comisionado afirmó sobre la extracción del fuel que "en estos momentos se han resuelto la mayor parte de las dificultades" y que ya se ha perforado un agujero de 70 centímetros en el pecio hundido a casi 4.000 metros de profundidad. Según la prueba que realiza la empresa Repsol-YPF, a ese orificio abierto se ha adosado una válvula y la bolsa, que una vez acumule fuel, se izará por gravedad hacia la superficie.
"El sistema funciona y la dificultad ahora más que en la extracción del fuel está en el izado de las bolsas a la superficie porque el tiempo en la zona es adverso con olas de 2 metros". "Su éxito se conocerá en horas y dependerá de la situación meteorológica", afirmó Martín Villa, quien avanzó que "si todo resulta bien a partir de la próxima primavera" se procederá a retirar de forma definitiva las "entre 14 y 15 mil toneladas" que quedan en el barco.
El coste de la catástrofe
Por otra parte, el Comisionado calculó que el coste del "Prestige" para España asciende a 650 millones de euros (unos 1.000 millones para España, Francia y Portugal), a lo que habría que añadir unos 50 millones si se incluye la construcción de una marquesina para el pecio. Estimó que España podría obtener de la UE fondos de financiación por valor de 450 millones de euros, de los que 150 corresponderían a FEDER, 151 a Cohesión, 100 a compensación al sector pesquero, 23 a mares y fondos marinos, 8 a Solidaridad y 10 al Fondo Social Europeo. Además, indicó que también se confía contar con una gran parte de los 170 millones de euros disponibles por el Fondo Internacional de Hidrocarburos (FIDAC).
Respecto a la parte judicial, recordó la causa abierta en el juzgado de Corcubión, en la que sigue imputado el director de la Marina Mercante, y las acciones en curso iniciadas por el Gobierno contra la empresa que certificó el estado del barco,. También recordó que se preparan acciones legales contra el propietario del barco y están en estudio otras contra el país que abanderó el buque.