L D (Agencias) Según informa la agencia Europa Press, Francisco Granado Gata y Joaquín Delgado Martínez fueron condenados a muerte por un delito de terrorismo consistente, según la sentencia, en “provocar explosiones para atentar contra la seguridad pública y perturbar la tranquilidad, el orden y los servicios públicos, empleando medios y artificios capaces de ocasionar grandes estragos”.
Los hechos a que hace referencia el fallo ocurrieron el día 29 de julio de 1963, cuando dos bombas estallaron en la Dirección General de Seguridad y en la Delegación de Sindicatos. No causaron ninguna víctima mortal aunque la primera, con una carga de explosivo plástico de 200 gramos, provocó heridas leves a algunas personas. A pesar de que los detenidos afirmaron haber sido torturados durante seis días, en todo momento declararon su inocencia.
En 1996, en un programa de la televisión franco-alemana Arte, y tras una declaración ante notario, Antonio Martín Bellido y Sergio Hernández declararon ser los verdaderos autores de la colocación de los explosivos, revelación que se reprodujo en medios de comunicación españoles así como en un programa de TVE en 1997.
Desde ese momento, el grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado y la Confederación General del Trabajo (CGT) insistieron en la revisión del caso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que en su auto del 3 de marzo de 1999 inadmitía el recurso de revisión.