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Funcionarias culpan a la Ley de Igualdad del escándalo en Alcalá Meco

Funcionarias de prisiones culpan a la aplicación en el ámbito penitenciario de la Ley de Igualdad de Aído de los escándalos sexuales de la prisión Madrid I. Dicen que sólo “la punta del iceberg”.

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Hasta 2007, había dos escalas en el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, la masculina y la femenina. Así, los funcionarios trabajaban con reclusos y las funcionarias, exclusivamente con presas, explica El Mundo.

No obstante, desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, en marzo de 2007, toda esta estructura cambió y se unificaron las escalas. Esto quiere decir que ahora funcionarios y funcionarias se presentan a las mismas oposiciones y pueden trabajar indistintamente en departamentos de mujeres o de hombres.

Los funcionarias, dice El Mundo,  vienen denunciando graves problemas generadas a raíz de la aflicción de la nueva normativa en centros penitenciarios. Además, cuestionan que no se haya elaborado un estudio del impacto de género antes de aplicar la ley en las prisiones.

“No se están respetando las reglas y se está permitiendo que haya funcionarios en módulos de mujeres, cuando la normativa obliga a que haya al menos una persona del mismo sexo que los internos, por turno y por servicio”, dijo la empleada pública a El Mundo.

Las trabajadoras, relata el diario, se sienten discriminadas por la Ley de Igualdad y por ello han constituido la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación de Prisiones (Afaup) para seguir adelante con sus reivindicaciones. Desde aquella plataforma denuncian que ellas se presentaron a unas oposiciones en las que optaban a menos plazas y hacía falta una mayor puntación y preparación.

Y es que las cárceles no se rigen por las mismas normas que una empresa. “La cárcel es un medio muy masculinizado y nosotras estamos más capacitadas para dialogar con las reclusas. El trabajo con los presos implica más acción física y es más peligroso, porque hay una mayor conflictividad”, dice otra funcionaria.

Esto ha afectado a rutinas habituales en una prisión, como por ejemplo, los cacheos. Los internos sólo pueden ser cacheados por internos de su mismo sexo. Por tanto, si un funcionario en un módulo debe cachear a una mujer con raquetas y no mediante palpación, dice El Mundo. “Los cacheos son nuestro principal instrumento de trabajo y se tienen que realizar a diario como medida de seguridad. Ahora, se está produciendo una relajación de funciones y una sobrecarga del trabajo porque, al final, los cacheos, las conducciones y los traslados los acabamos haciendo las mujeres”, dice la funcionaria al diario.

Lo mismo ocurre con las mujeres que trabajan en módulos de hombres, que también se encuentran más limitadas por tener menos fuerza física. “¿Qué hago si hay una pelea entre reclusos?. Desde luego, no me voy a meter en medio”, se lamenta otra trabajadora.

Las funcionarias se quejan así de la ley, que ha sido creada para defender los derechos de la mujer en realidad perjudica a todos. Ahora, los hombres tienen más opciones de acaparar los mejores puestos en los departamentos de mujeres, ya que suelen tener más puntos y mayor antigüedad, publica El Mundo.

Sus quejas sólo han recibido el silencio y el mutismo tanto d ela ministra de Igualdad como del Gobierno en su totalidad. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, tampoco se ha manifestado al respecto, y son conocidas las declaraciones de Rubalcaba al respecto, diciendo ignorar el tema.

“Estamos desamparadas e indefensas. Queremos que se nos reconozca el derecho a elegir si queremos o trabajan con presos varones. Esta es la otra cara de la ley de Igualdad”, denuncian las funcionarias.

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