L D (EFE) En un comunicado, la presidenta de esta organización, Consuelo Abril, asegura que las asociaciones de mujeres estarán "vigilantes" y harán un seguimiento de la puesta en práctica de las diez medidas de choque que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros.
Entre estas medidas, destaca la decisión de "reasignar" a 450 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en situación de segunda actividad para que trabajen en las unidades que protegen a las víctimas. En opinión de Abril, se necesita una policía "especializada" que sepa evaluar el riesgo que corren las mujeres, pues éstas, cuando son preguntadas por su situación, "minimizan los hechos", sobre todo cuando se refieren a violencia psíquica o a amenazas.
Otra de las medidas es la realización de atestados completos por parte de la policía, con datos, huellas, testigos e informes psicológicos, una propuesta que la Comisión considera "imprescindible" para que el juez tenga elementos de juicio a la hora de decidir si el agresor debe ser privado de libertad. No obstante, Abril critica que las medidas de prisión provisional se adopten una vez quebrantada la orden de alejamiento, ya que son decisiones "tardías" que someten a la mujer a "un gran riesgo". A su juicio, "si se ha dado la orden de alejamiento es porque ya ha existido riesgo grave y no hay que esperar a que ésta se quebrante".
Elogia la Comisión que se inste a los fiscales a solicitar la suspensión del régimen de visitas a los hijos, pero advierte que actualmente se está dando a los agresores incluso la guardia y custodia de los hijos menores. Dar teléfonos móviles a las mujeres que cuenten con una orden de protección es una decisión "útil", pero "en situación de riesgo grave, lo único realmente eficaz es poner al violento a disposición judicial", añade esta organización.
Entre estas medidas, destaca la decisión de "reasignar" a 450 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en situación de segunda actividad para que trabajen en las unidades que protegen a las víctimas. En opinión de Abril, se necesita una policía "especializada" que sepa evaluar el riesgo que corren las mujeres, pues éstas, cuando son preguntadas por su situación, "minimizan los hechos", sobre todo cuando se refieren a violencia psíquica o a amenazas.
Otra de las medidas es la realización de atestados completos por parte de la policía, con datos, huellas, testigos e informes psicológicos, una propuesta que la Comisión considera "imprescindible" para que el juez tenga elementos de juicio a la hora de decidir si el agresor debe ser privado de libertad. No obstante, Abril critica que las medidas de prisión provisional se adopten una vez quebrantada la orden de alejamiento, ya que son decisiones "tardías" que someten a la mujer a "un gran riesgo". A su juicio, "si se ha dado la orden de alejamiento es porque ya ha existido riesgo grave y no hay que esperar a que ésta se quebrante".
Elogia la Comisión que se inste a los fiscales a solicitar la suspensión del régimen de visitas a los hijos, pero advierte que actualmente se está dando a los agresores incluso la guardia y custodia de los hijos menores. Dar teléfonos móviles a las mujeres que cuenten con una orden de protección es una decisión "útil", pero "en situación de riesgo grave, lo único realmente eficaz es poner al violento a disposición judicial", añade esta organización.