L D (EFE)
El hombre, Claudio Alba, fue detenido en enero de 1997 acusado por error del “crimen de Vora-riu”, el asesinato de tres prostitutas cuyos cuerpos fueron encontrados entre finales de enero y principios de febrero de 1996 en una zona situada junto al río Mijares, en el término de Villarreal.
El hombre pasó cinco meses en prisión preventiva y, tras pagar una fianza de 3.000 euros permaneció en libertad provisional durante un año y medio, imputado por los crímenes, hasta que se descubrió al verdadero autor de los mismos, Joaquín Ferrándiz, quien fue condenado por las muertes. Durante el tiempo en que estuvo en libertad provisional, Alba tuvo que comparecer periódicamente en dependencias judiciales y, como consecuencia de ello perdió su trabajo como camionero.
“Con dinero no se paga lo que he pasado”, lamentó entonces Claudio Alba, quien ya se había quedado sin coche y sin casa cuando compareció ante los medios de comunicación el primer día de libertad sin cargos, en noviembre de 1998. El hombre solicitó entonces al ministerio de Justicia una indemnización de 901.500 euros, pero este departamento le concedió 9.000, por lo que presentó un recurso ante la Audiencia Nacional, que en 2001 dictó una resolución por la que cobró unos 42.000 euros, según explicó su abogada, Silvia Vicente.
Alba consideró que esta cantidad era insuficiente para reparar el daño que había padecido como consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, por lo que, en noviembre de 2001 interpuso otro recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo, al que reclamó que se le indemnizara con 871.467 euros más los intereses correspondientes. El camionero falleció un año después, en noviembre de 2002, mientras el asunto seguía su tramitación en el Alto Tribunal, que deberá dictar una resolución en las próximas fechas, según Vicente.
La reclamación, de este modo, iba a quedar en nada, pero, tras estudiar el asunto, tres hermanos de Alba decidieron ejercer la “sucesión procesal” como herederos, por lo que finalmente podrían cobrar la indemnización si finalmente el Supremo la estima adecuada.
El hombre pasó cinco meses en prisión preventiva y, tras pagar una fianza de 3.000 euros permaneció en libertad provisional durante un año y medio, imputado por los crímenes, hasta que se descubrió al verdadero autor de los mismos, Joaquín Ferrándiz, quien fue condenado por las muertes. Durante el tiempo en que estuvo en libertad provisional, Alba tuvo que comparecer periódicamente en dependencias judiciales y, como consecuencia de ello perdió su trabajo como camionero.
“Con dinero no se paga lo que he pasado”, lamentó entonces Claudio Alba, quien ya se había quedado sin coche y sin casa cuando compareció ante los medios de comunicación el primer día de libertad sin cargos, en noviembre de 1998. El hombre solicitó entonces al ministerio de Justicia una indemnización de 901.500 euros, pero este departamento le concedió 9.000, por lo que presentó un recurso ante la Audiencia Nacional, que en 2001 dictó una resolución por la que cobró unos 42.000 euros, según explicó su abogada, Silvia Vicente.
Alba consideró que esta cantidad era insuficiente para reparar el daño que había padecido como consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, por lo que, en noviembre de 2001 interpuso otro recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo, al que reclamó que se le indemnizara con 871.467 euros más los intereses correspondientes. El camionero falleció un año después, en noviembre de 2002, mientras el asunto seguía su tramitación en el Alto Tribunal, que deberá dictar una resolución en las próximas fechas, según Vicente.
La reclamación, de este modo, iba a quedar en nada, pero, tras estudiar el asunto, tres hermanos de Alba decidieron ejercer la “sucesión procesal” como herederos, por lo que finalmente podrían cobrar la indemnización si finalmente el Supremo la estima adecuada.