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LA AVA DENUNCIÓ EL CASO A LA FISCALÍA EN 2002

Nuevas pruebas ponen otra vez a los directivos de Telesierra a disposición judicial

Los cuatro directivos de la empresa Telesierra, que fueron detenidos por una presunta estafa en sus concursos, han vuelto a pasar a disposición judicial después de que la Guardia Civil haya descubierto "nuevas pruebas que los incriminan". La productora de televisión podría haber recaudado unos cinco millones de euros. Por otra parte, la Asociación de Empresas de Valor Añadido, que agrupa a las principales compañías que prestan los servicios de tarificación adicional, ha pedido que sea admitida como acusación particular en el proceso contra Telesierra, a la que lleva denunciando desde 2002.

L D (Agencias) El matrimonio Rodrigo C.C. y Rosario C.Z. y sus hijos Recadero y Rosario han pasado de nuevo a disposición judicial después que la Guardia Civil hallara activos patrimoniales y financieros en entidades bancarias para grandes clientes y "nuevas pruebas que los incriminan". Por ello, los investigadores bloquearon las cuentas de los arrestados y le comunicaron al juez los nuevos activos, además de sus sospechas de que éstos pudieran eludir la acción de la Justicia.

Ante esto, el juez ha ordenado que los arrestados pasaran de nuevo a disposición del Juzgado, que anteriormente les había dejado en libertad porque el matrimonio era mayor de 65 años y uno de ellos presentaba problemas médicos y que además uno de los hijos tenía problemas de claustrofobia, informa Efe.

La Guardia Civil detuvo el pasado martes a los responsables de la productora y de tres emisoras locales de televisión como presuntos autores de un delito continuado de estafa en la llamada "Operación Cadena". Las investigaciones han puesto de manifiesto que la productora podría haberse beneficiado diariamente de unos 60.000 euros de 70.000 minutos de tarifa telefónica.

La operación se inició tras las denuncia interpuesta por la OCU el pasado 18 de octubre, después de recibir más de cien reclamaciones de concursantes defraudados. La denuncia de la OCU se presentó contra la productora del concurso, que cuenta con tres televisiones locales en las que se emitía el concurso, que también era comercializado a otras cadenas extendidas por el territorio nacional y que no eran conscientes de la ilegalidad de los hechos.
 
Concurso

Para participar en el concurso, los televidentes tenían que llamar a números de tarifa adicional (806), donde tenían que responder a preguntas muy elementales para conseguir un premio y que versaban sobre algún conocido refrán, la foto ligeramente manipulada de algún conocido personaje, terminaciones de frases populares y diferencias ostensibles entre imágenes o cualquier otra pregunta de plausible sencillez.

Las preguntas eran del tipo: nombre del varón que se dice después de estornudar, o completar frases como no por mucho madrugar amanece más.... Cuando los telespectadores llamaban al teléfono les respondía un contestador automático, a través del cual se les informaba del coste de la llamada y duración máxima.

El contestador solicitaba la respuesta, que presuntamente se grababa en una base de datos e informaba, induciendo a error, que el usuario quedaba a la espera para entrar en concurso. Pero al concursante se le retenía engañosamente en conexión durante unos 30 minutos, mientras los presentadores seguían animando a llamar y se "rellenaba" el concurso con "llamadas de pega" y respuestas erróneas, para después cortarle la comunicación a aquel.

Sobre la hora y media o dos horas de duración del concurso, momento de la finalización del programa, se daba entrada a una llamada con la respuesta ganadora. Los premios eran de escaso valor y en la actualidad se estudia si efectivamente eran abonados o representan otra estafa al consumidor.
 
Denunciados desde 2002
 
Por otra parte, la Asociación de Empresas de Valor Añadido (AVA), que agrupa a las principales compañías que prestan los servicios de tarificación adicional (803, 806, 807 y 907), ha pedido al juzgado que sea admitida como acusación particular en el proceso contra la empresa Telesierra, a la que había denunciado ante el Fiscalía en 2002.

Según el director general de AVA, Ángel Martín, además de las sucesivas denuncias, presentaron al representante del Ministerio Fiscal diversos vídeos en los que se ponían de manifiesto estas prácticas. Martín agradeció la labor de la Guardia Civil y de la OCU en las actuaciones llevadas a cabo contra la empresa Telesierra y señaló que las principales interesadas en que la actividad empresarial de las compañías que prestan estos servicios de tarificación adicional funcione "con la mayor transparencia posible son las propias empresas prestadoras".

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