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Castilla y León

"VAMOS A APURAR TODAS NUESTRAS POSIBILIDADES"

Salamanca estudia presentar un recurso de súplica tras autorizar la Audiencia Nacional el traslado de los papeles

El Ayuntamiento de Salamanca estudia la posibilidad de presentar un recurso de súplica ante la decisión de la Sala Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de autorizar el traslado de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil con sede en Salamanca, que se encuentran en el Ministerio de Cultura, a Cataluña. La Audiencia Nacional levantó este jueves la inmovilización de los documentos en Madrid.

El Ayuntamiento de Salamanca estudia la posibilidad de presentar un recurso de súplica ante la decisión de la Sala Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de autorizar el traslado de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil con sede en Salamanca, que se encuentran en el Ministerio de Cultura, a Cataluña. La Audiencia Nacional levantó este jueves la inmovilización de los documentos en Madrid.
L D (Europa Press) Los asesores jurídicos del consistorio estudian el auto, que levanta la medida cautelarísima en relación con la inmovilización, y "a la vista de esa valoración se tomará la decisión de si se presenta o no el recurso", según explicó esta tarde el portavoz del equipo municipal de Gobierno, Fernando Rodríguez, tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional. El recurso de súplica, que cuenta con cinco días hábiles para su presentación, "no suspende la decisión del auto dictado este jueves, por lo tanto si el Ministerio de Cultura lo decide, los documentos se podrían trasladar inmediatamente a Catalunya", explicó Rodríguez, que reiteró que el Gobierno de la Nación "debería tener un mínimo de prudencia y esperar a ver si se interpone recurso por el Ayuntamiento, así como esperar la decisión del Tribunal Constitucional sobre si se suspende o no la salida de documentos".
 
Asimismo, Rodríguez señaló que el auto "decide sobre una medida cautelar y no prejuzga el fondo del asunto", al tiempo que aseguró que desde el Ayuntamiento "se peleará y luchará con todos los medios para que al final podamos tener una sentencia estimatoria de las pretensiones del Consistorio", que, según el popular, "conlleva que la Generalitat tenga que devolver los documentos que en virtud de la ley no debieron salir del Archivo, en cuanto que es una Administración Pública que está obligada a la custodia y protección de los documentos".
 
Rodríguez, que confía que la sentencia del Tribunal Constitucional "tarde lo menos posible", explicó que el auto "no plantea medidas de restricción a que la Generalitat disponga de los documentos, aunque sí señala que en cuanto que se subrogan todos los derechos y obligaciones que tiene el Estado sobre los documentos, está obligada a la conservación y custodia de los legajos y protección de los mismos".
 
En defensa del interés público
 
"Se trata de la defensa del interés público general que está en la integridad del patrimonio histórico español, y se encuentra de nuestra parte y no de la Generalitat, que lo que ha conseguido gracias a las hipotecas políticas del Gobierno es desmembrar un Archivo Histórico Nacional y por lo tanto desmantelar una parte del Patrimonio Histórico español, contraviniendo flagrantemente la ley del Patrimonio Histórico español y la Constitución", manifestó el popular, que entiende que "la mejor garantía de que la sentencia se pudiera ejecutar en el futuro era que los documentos se mantuvieran inmovilizados en el propio Archivo, donde no corrían peligro de desaparición, manipulación o destrucción".
 
En cuanto al auto presentado por la Audiencia Nacional, Rodríguez aseguró que "no nos ha sorprendido puesto que había muchas posibilidades de que esta decisión se adoptara porque se trata de una decisión sobre medidas cautelares que no entra en el fondo del asunto", y reiteró que se trata de "una lucha desigual del débil contra el poderoso y evidentemente estamos en una lucha de una decisión del Gobierno que le ha llevado a forzar la aprobación de una ley por las Cortes Generales". 

En este sentido, Rodríguez declaró que aunque se trata de una "lucha muy difícil, la vamos a continuar porque hay fundadas esperanzas de que la decisión sobre el fondo del asunto pueda ser favorable a los intereses públicos, que en este caso son los intereses de quienes creen en la integridad y en la conservación del patrimonio histórico español". "No estamos ante el final de algo sino que se trata del principio de un proceso en el que vamos a apurar todas nuestras posibilidades y vamos a tratar de convencer con unos argumentos que ya a priori parecen que han tenido cierto peso que hicieron que la sala se pensara la decisión que finalmente adoptó", señaló Rodríguez.

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