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UPyD pide eliminar de la Constitución la defensa del plurilingüismo

En la ponencia política de UPyD que se debate en el primer Congreso del partido se aboga por eliminar de la Constitución la defensa del plurilingüismo e incluir la lengua como causa de discriminación. Además, reclama suprimir la cooperación con la Iglesia Católica y que se alargue la vida laboral.

EUROPA PRESS
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Así se recoge en la ponencia política que se debatirá en el primer Congreso que la formación que actualmente lidera Rosa Díez celebrará los próximos 20, 21 y 22 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En dicho texto, UPyD aboga por suprimir el artículo 3.3 de la Carta Magna, que reza que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas será objeto de especial respeto y protección", y por incluir la palabra "lengua" en el artículo 14, de forma que los españoles no puedan ser discriminados por razón de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, pero tampoco por la lengua.

La ponencia de UPyD también contempla la necesidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución encaminada, entre otros asuntos, a que el Estado asuma las competencias referidas a la representación internacional, la educación y la legislación que afecta a sanidad, medio ambiente, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, y a estudiar una reforma del Senado para que se convierta en una "verdadera" Cámara de representación territorial.

Respecto al artículo 2 de la Constitución sobre la unidad nacional y autonomía de las nacionalidades y regiones, UPyD propone sustituir nacionalidades y regiones por "comunidades autónomas y ciudades autonómicas". Asimismo, propone eliminar la cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, dejando claro que ninguna debe tener carácter estatal.

En este apartado, UPyD insiste en la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, pide ampliar de 12 a 15 el número de magistrados del Tribunal Constitucional para evitar los empates y descargar del "excesivo" trabajo a sus integrantes y plantea el mismo método de designación para que el fiscal general del Estado que se sigue para el Defensor del Pueblo.

En materia económica, la ponencia plantea una ampliación de la vida laboral por encima de los 65 años, una propuesta que los afiliados han cuestionado en sus enmiendas, en las que defienden que ésta sea voluntaria.

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