
El Centro Municipal de Control de Zoonosis de Murcia, ubicado en la pedanía de La Albatalía, en Murcia, está saturado de animales y no caben más en este Centro de Protección Oficial. Los dueños de estas mascotas ya no pueden hacerse cargo de ellas, por lo que acuden a esta dependencia para que los profesionales se encarguen de su cuidado y puedan ser adoptados por otras personas.
Cuando las personas llegan a este centro para dejar a las que habían sido sus mascotas, los trabajadores les explican que no pueden hacerse cargo de los animales y que deben apuntarse en una lista de espera para ‘abandonar’ de forma legal al animal. Según ha manifestado José María Meseguer, uno de los veterinarios que trabajan en el lugar, en el diario La Opinión de Murcia "hay una gran lista de espera para dejarlos, más de 100". Muchos vecinos esperan una llamada del centro para llevar allí la mascota bajo su cuidado. Aunque el recinto cuenta con 40 jaulas para perros y 15 para gatos, no son suficientes para todas las solicitudes que reciben.
Por otro lado, el Centro de Protección Oficial también se ocupa de los animales que han sufrido malos tratos, entre los que se encuentran perros, felinos, caballos y hasta pájaros. El centro de Murcia se está viendo completamente desbordado ante una falta notable de recursos.
La Ley de Bienestar Animal, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, impone, entre otros aspectos, la posibilidad de cambiar la titularidad y el cuidado provisional de los animales que hayan sido maltratados. Una medida razonable, a simple vista, aunque si no se dota de fondos a los centros especializados, es imposible de llevar a cabo.
La abogada Rocío Arregui Montoya ha expresado en La Opinión de Murcia que "se establece su tutela o acogida provisional para alejarlo del investigado, una medida muy positiva", aunque para que funcione "hay que dotar de fondos a los centros especializados", algo que no está sucediendo.
Contradicciones de la Ley del Bienestar Animal
La Ley del Bienestar Animal entró en vigor el 29 de septiembre de 2023 con la finalidad de regular la tenencia responsable de los animales y garantizar el bienestar de las mascotas. Aún así, la ley tiene ciertas contradicciones que aún siguen sin resolverse.
La ley dice que "corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día". Sin embargo, muchos ayuntamientos no cuentan con los fondos suficientes para poder llevar a cabo este servicio de urgencia.
Asimismo, los ayuntamientos están obligados a controlar las colonias felinas y contar con voluntarios o trabajadores que capturen a los gatos callejeros, los vacunen, desparasiten, esterilicen y devuelvan a la calle. Una vez más, muchos ayuntamientos no pueden hacerse cargo de estos costes.
Esta ley también ha sido criticada por expertos en la materia, como Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, quien tachó la ley de "pura política" en el diario ABC al no contar con una base científica, puesto que no fue redactada por expertos en la materia.


