"No deberían salir de la cárcel", así de contundente ha sido el Fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, durante la conferencia de prensa ofrecida este lunes sobre la situación de los hermanos Menéndez, condenados a cadena perpetua por asesinar con una escopeta a sus padres el 20 de agosto de 1989 en su casa de Beverly Hills, que han solicitado una revisión de su caso y han recibido una campaña de apoyo a su liberación tras el documental y la miniserie sobre ellos en Netflix.
El motivo: Lyle y Erik, que tenían 21 y 18 años respectivamente en el momento del parricidio, "no han cumplido con los requisitos" impuestos para que el Ministerio Público apoye su liberación. Debían "reconocer la totalidad de sus crímenes y sus mentiras" —ha recordado— para que el tribunal considerase que "que han cumplido con todos los criterios no sólo para ser rehabilitados, no sólo para no representar más un peligro para la sociedad, sino para ser sentenciados nuevamente".
Ellos no han aceptado su responsabilidad en el crimen de José y Kitty Menéndez, han seguido mintiendo en beneficio propio con afirmaciones como que lo hicieron por "miedo de que su madre y su padre los mataran" aquella noche. Tampoco han admitido los sobornos a sus amigos para cometer perjurio, afirmando cuestiones tan graves como que su padre violó a la novia de Lyle o que su madre envenenó a la familia.
"Si los Menéndez quieren en cualquier momento expresar y reconocer de manera inequívoca las mentiras que han dicho y en las que han insistido durante más de 30 años, entonces evaluaremos", matiza, "si es real o no". Mientras esto no se produzca, los parricidas no cuentan con el apoyo de la Fiscalía a su liberación. Su oficina ha presentado una moción de 88 páginas argumentando su rechazo.
De hecho, Hochman ha solicitado que se retire la petición de una nueva sentencia para este caso presentada por el anterior fiscal de Los Ángeles, el progresista George Gascón, que incluso recomendó que se les retirara la cadena perpetua (sin posibilidad de libertad condicional). No obstante, será el juez Michael Jesic —que había fijado una vista previa para el 20 y 21 de marzo— quien decida si la solicitud sigue adelante.
Cabe destacar que entretanto los hermanos Menéndez —de 57 y 54 años en la actualidad— están intentando lograr la libertad también por la vía del indulto, que les podría otorgar el gobernador de California, en caso de reunir los requisitos necesarios para ello. Gavin Newsom ordenó —en febrero— a la junta de libertad condicional del estado que investigue si Lyle y Erik suponen o no un riesgo para la seguridad ciudadana si salen de prisión.
La versión de los parricidas
José y Kitty Menéndez —de 45 y 47 años, respectivamente— murieron acribillados a balas en la noche del 20 de agosto de 1989. Lyle, de 21 años, llamó a Emergencias. Erik, de 18 años, lloraba desconsolado frente a la casa. Los hermanos se mantuvieron unidos e hicieron creer a todo el mundo que había sido cosa de la mafia. Sus padres, un famoso productor musical y una exreina de la belleza, eran multimillonarios.
Inicialmente, nadie sospechó de ellos. Pero su comportamiento tras la trágica muerte de sus progenitores empezó a levantar las primeras sospechas. Ambos se sumieron en una vida de lujo y excesos. En seis meses habían dilapidado 700.000 de los 14 millones de dólares de herencia que les habían dejado. Su coartada saltó por los aires cuando Erik le confesó a su terapeuta lo que su hermano y él habían hecho.
Las grabaciones de las sesiones acabaron en manos de la policía y el 8 de marzo de 1990 fueron arrestados y acusados de los dos crímenes. Durante el juicio, los parricidas argumentaron que los asesinatos fueron el resultado de años de abuso sexual y psicológico por parte de sus padres. Aun así, en marzo de 1996, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.