La muerte de un joven con parálisis cerebral destapa una residencia clandestina e insalubre en Elche

La Policía Local de Elche, en coordinación con la Policía de la Generalitat, ha clausurado una vivienda unifamiliar situada en la ciudad alicantina que funcionaba como residencia clandestina para personas dependientes. La operación se llevó a cabo tras la muerte de un hombre de 34 años con parálisis cerebral en el interior del inmueble, un fallecimiento que investiga la Policía Nacional.

Cuando los agentes accedieron a la casa, hallaron a varias personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas, algunas de ellas en situación de especial vulnerabilidad. El estado de la vivienda era alarmante. Según el Ayuntamiento ilicitano, "no cumplía las condiciones mínimas para el alojamiento de personas dependientes". En distintas estancias se encontraron camas y colchones en mal estado, suciedad generalizada, restos orgánicos, olores de orina y excrementos, y una ventilación claramente deficiente.

Las zonas comunes, como la cocina, el comedor y los baños, presentaban alimentos caducados, electrodomésticos sin mantenimiento y un grave riesgo de contaminación cruzada. Además, en las habitaciones había un elevado número de animales —perros y gatos— sin documentación ni control sanitario.

Un negocio encubierto

Los responsables del inmueble eran un matrimonio de 58 y 48 años que reconoció a los agentes no disponer de licencia municipal, autorización administrativa, seguros ni habilitación profesional. Según su confesión, cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida, todo ello al margen de la ley, sin Seguridad Social y sin ningún tipo de supervisión sanitaria.

Las investigaciones apuntan a que esta actividad podría estar desarrollándose desde 2016 en diferentes domicilios de Elche. En esta ocasión, lo hacían en una vivienda arrendada cuyo propietario ha asegurado desconocer el uso real que se le estaba dando.

Clausura y denuncias

Ante las graves irregularidades detectadas, la Policía Local y la de la Generalitat procedieron al precinto inmediato del inmueble y al cese de la actividad. Los internos fueron realojados con sus familiares, que fueron avisados de inmediato y, en muchos casos, afirmaron desconocer las condiciones en las que se encontraban sus seres queridos.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, la Conselleria de Sanitat —competente en la autorización de residencias para dependientes— y el Ayuntamiento de Elche, al no contar la vivienda con licencia de actividad. Los servicios sociales municipales han iniciado una valoración urgente de la situación de las familias afectadas con el fin de determinar si necesitan asistencia adicional.