Un motín entre bandas latinas en el centro de menores de Zaragoza desata la furia de Jupol

El sindicato Jupol, mayoritario dentro de la Policía Nacional, ha reclamado el endurecimiento "urgente" de la Ley del Menor tras el grave motín ocurrido este jueves en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Menores, situado en el barrio de Juslibol, en Zaragoza. El incidente se ha saldado con ocho agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) heridos, además de entre seis y diez vigilantes de seguridad que también tuvieron que recibir atención médica.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, el aviso del suceso se recibió sobre las 12:30 horas. Los hechos se iniciaron cuando un grupo de internos agredió a un vigilante de seguridad con el objetivo de robarle las llaves del centro, lo que les permitió abrir las habitaciones de otros menores alojados en las instalaciones.

Desde HOY Aragón explican que el motín se habría iniciado en el aula de peluquería del centro. Un vigilante se encontraba allí cuando tropezó y cayó al suelo, momento que fue aprovechado por los internos para sustraerle las llaves.

Desde Jupol han detallado que varios internos llegaron a atrincherarse tras hacerse con las llaves de uno de los módulos, generando una situación de alto riesgo que se fue agravando con el paso de los minutos y obligó a desplegar un amplio dispositivo policial.

Agresiones de extrema violencia

El sindicato ha denunciado que los vigilantes de seguridad fueron atacados "de forma extremadamente violenta". En uno de los episodios más graves, uno de los trabajadores fue golpeado con mobiliario y diversos objetos, lo que obligó a activar de inmediato a la Unidad de Intervención Policial para evitar consecuencias mayores.

La magnitud del motín hizo necesaria una intervención "urgente y compleja" por parte de la UIP, que logró recuperar el control del centro tras momentos de máxima tensión. El operativo concluyó con varias detenciones entre los internos implicados.

Según informó Aragón TV, el informativo regional contactó con Ilich Ajate, abogado de uno de los menores internos, quien señaló que "presuntamente durante el altercado podría haber habido alguna agresión", aunque reconoció no disponer de confirmación oficial sobre los hechos concretos.

En declaraciones a la misma cadena, Isabel Castro, responsable de seguridad privada de CSIF Aragón, explicó que este tipo de situaciones suelen derivar en consecuencias muy graves cuando se produce una clara superioridad numérica. "Los resultados suelen ser desproporcionados cuando entre cuatro o cinco personas agreden a dos vigilantes", afirmó.

Aragón TV también recogió el testimonio de Jonathan Dual, padre de uno de los internos, quien aseguró haberse enterado del motín con varios heridos y que había acudido al centro "a toda pastilla". Otra madre denunció la falta de información durante el suceso, afirmando que desde el propio centro únicamente se les comunicó que existía "un problema interno" y que no se podían realizar más llamadas.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón explicaron a la cadena autonómica que el incidente estaría relacionado con bandas latinas y aseguraron que en los disturbios habrían participado jóvenes mayores de 18 años, pese a tratarse de un centro de menores.

Tras los hechos, Jupol ha trasladado su "apoyo absoluto" a los agentes de la UIP que participaron en el dispositivo, subrayando que "han vuelto a demostrar su profesionalidad y entrega en una intervención de altísimo riesgo". El sindicato también ha expresado su respaldo a los vigilantes de seguridad y al personal del centro que resultaron heridos, a quienes ha deseado "una pronta y total recuperación".

El principio de autoridad, en entredicho

Desde la organización sindical insisten en que lo ocurrido en Juslibol no puede interpretarse como un episodio aislado. A su juicio, se trata del resultado de un sistema que ha erosionado el principio de autoridad y ha generado una creciente sensación de impunidad, especialmente en entornos donde la violencia contra los profesionales de la seguridad se ha normalizado.

Ante este escenario, Jupol ha reiterado la necesidad de una reforma "profunda" de la Ley del Menor, que consideran "claramente insuficiente" para hacer frente a situaciones de violencia "grave y reiterada" como la registrada en el centro zaragozano. Reclaman además una protección "real y efectiva" para policías, vigilantes y trabajadores de estos centros.

El sindicato también ha solicitado el refuerzo de los protocolos de seguridad y un aumento de los recursos materiales y humanos en los centros de menores, donde aseguran que los motines, agresiones y altercados violentos son cada vez más frecuentes.

Alerta por el aumento de la criminalidad

Más allá del suceso concreto, Jupol ha vuelto a alertar sobre el incremento de la criminalidad en las calles, especialmente de los delitos más graves. Aseguran que existen "datos irrefutables" recogidos en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior que, a su juicio, "desmontan por completo el relato gubernamental".

"Lejos de avanzar hacia una mayor seguridad, España está inmersa en una escalada de delitos violentos y de especial gravedad", han señalado, atribuyendo esta situación a la falta de medios, la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde 2008, la escasa reposición de efectivos y la ausencia de políticas de prevención eficaces.

El sindicato considera "especialmente preocupante" el debilitamiento institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la pérdida del principio de autoridad, una situación que, según denuncian, se ve agravada por la falta de respaldo político y judicial. Como ejemplo, recuerdan las más de 17.000 agresiones sufridas por agentes en 2024.

Por todo ello, Jupol ha reclamado al Gobierno un conjunto de medidas legislativas urgentes que refuercen la protección jurídica de los agentes y restauren el respeto institucional hacia quienes garantizan la seguridad.

"No es aceptable que quienes velan por la seguridad y el orden público, o trabajan en primera línea en centros especialmente sensibles, lo hagan en condiciones de riesgo creciente y con un respaldo legal cada vez más débil. Lo ocurrido en Juslibol debe marcar un antes y un después. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan las agresiones"