La Audiencia Provincial de Valladolid ha comenzado a juzgar esta semana el conocido como ‘caso funeraria’, un macroproceso con 23 acusados por un presunto fraude cometido durante dos décadas en la empresa funeraria El Salvador. La Fiscalía sostiene que la compañía habría sustituido ataúdes de lujo por otros más baratos antes de la incineración de los cadáveres, una práctica que habría generado más de cuatro millones de euros en beneficios.
La investigación, bautizada como Operación Ignis, salió a la luz en 2019 aunque su origen se remonta a 2016, cuando un extrabajador de la empresa, Justo Martín, envió mensajes de WhatsApp al gerente acompañados de fotografías de féretros abiertos con los cadáveres en su interior. En los mensajes advertía de que entregaría ese material a las autoridades y a los familiares de los fallecidos si no recibía una compensación económica.
Los propietarios denunciaron la extorsión en 2017. Martín fue juzgado y condenado, pero la Policía decidió investigar de oficio el contenido del material que había recopilado durante años. El extrabajador había reunido una extensa documentación: 26 libretas con anotaciones detalladas y cerca de 700 fotografías tomadas a lo largo de los 20 años que trabajó en la funeraria de Santovenia de Pisuerga.
Más de 6.000 servicios funerarios afectados entre 1995 y 2015
En esos registros anotaba datos como el nombre del fallecido, su edad o la fecha de incineración, y señalaba si el ataúd había sido sustituido antes del proceso. Según su relato, los cuerpos eran retirados de los féretros adquiridos por las familias y colocados en cajas más baratas antes de ser introducidos en el horno crematorio. Las cajas originales, tras ser limpiadas, volvían a ofrecerse a otros clientes.
La Fiscalía sostiene que la práctica habría afectado a más de 6.000 servicios funerarios entre 1995 y 2015 y ha contabilizado más de 900 denuncias de familiares. Para los principales responsables de la empresa, entre ellos la viuda y tres hijos del fallecido propietario Ignacio Morchón, el Ministerio Público solicita hasta 20 años de prisión por delitos de estafa continuada y pertenencia a organización criminal. Otros trabajadores se enfrentan a penas que oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel.
El caso llega al juicio marcado también por dos fallecimientos clave. El extrabajador que destapó el escándalo, Justo Martín, se suicidó en 2024, mientras que el dueño de la funeraria murió tres años antes por causas naturales.
El proceso se prevé largo y complejo. La Audiencia ha programado 35 sesiones y no está previsto que quede visto para sentencia hasta el próximo 9 de junio. Durante la vista declararán 239 perjudicados y 17 peritos, después de que inicialmente se barajara la posibilidad de que comparecieran más de 6.000 afectados.
Un caso lleno de dudas
El periodista de investigación Alfonso Egea, que siguió el caso desde sus inicios, ha reconocido que la causa plantea numerosas incógnitas. "Tengo muchas dudas. Si realmente se hubiera producido un fraude tan masivo durante décadas, resulta difícil entender que fuera el propio empresario quien acudiera a la policía para denunciar la extorsión del trabajador que tenía las pruebas", ha explicado En casa de Herrero.
Egea ha recordado que el origen de la investigación fue precisamente esa denuncia. "No fue un familiar quien destapó el caso ni un empleado que acudiera a la justicia movido por el dolor de las familias. Fue el propio empresario el que se presentó en comisaría para decir que le estaban extorsionando con unas fotografías", ha subrayado.
El periodista también apunta a algunas cuestiones técnicas que surgieron durante la instrucción, como el análisis del consumo de gas de los hornos crematorios o el número de ataúdes adquiridos por la empresa. Según ha explicado, esos datos "parecían cuadrar con los servicios realizados", lo que añade más incertidumbre sobre la tesis del fraude masivo.
¿Fraude o interpretación errónea?
En cualquier caso, el periodista de investigación ha insistido en que la clave del proceso será determinar si existió una reutilización sistemática de los féretros. "Para demostrar la estafa habría que probar que un mismo ataúd fue utilizado en varios servicios funerarios. Esa evidencia irrefutable es lo que falta en esta causa", ha señalado.
El juicio deberá ahora aclarar si las imágenes y anotaciones recopiladas por el extrabajador prueban realmente la existencia de un fraude prolongado durante años o si, por el contrario, se trató de una interpretación errónea de prácticas del sector funerario. Mientras tanto, cientos de familias esperan que la vista oral arroje luz sobre uno de los escándalos más delicados que se recuerdan en este ámbito.