La fugaz reaparición de Luis Miguel V. F., alias el "vampiro de Humanes", en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid ha terminado envuelta en controversia. El empresario, investigado por la muerte de decenas de animales para comercializar su sangre, ha dejado de acudir a clase pocos días después de que La Razón desvelara su matriculación el pasado 12 de marzo.
Desde entonces, no hay rastro de su presencia en el campus. Aunque la Universidad Complutense ha evitado pronunciarse de forma oficial amparándose en la protección de datos, distintas fuentes apuntan a que su salida no habría sido casual. Su ausencia, en todo caso, ha rebajado la inquietud generada entre alumnos y docentes tras conocerse su regreso.
Posible incumplimiento de las medidas judiciales
El detonante de la polémica ha sido la posible vulneración de las medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada en junio de 2022. Dichas restricciones prohíben al investigado "la tenencia de animales y el ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales, sin excepción alguna", mientras se instruye la causa.
Pese a ello, Luis Miguel se habría matriculado en ocho asignaturas del grado, algunas de carácter práctico, incluyendo actividades en el hospital veterinario universitario. Según la protectora El Refugio, personada en el procedimiento, esta circunstancia supone un incumplimiento directo de la orden judicial.
La organización no solo ha confirmado estos hechos, sino que ha reclamado una investigación urgente sobre su actividad reciente. A su juicio, la universidad tuvo conocimiento "indirecto" de las medidas cautelares, ya que el propio investigado no habría informado de su situación al formalizar la matrícula. "Esto evidencia una conducta de ocultación consciente, orientada a eludir el cumplimiento de la medida judicial", denuncia la entidad.
Un caso bajo investigación desde 2022
Los hechos que dieron origen al caso se remontan a 2022, cuando la Guardia Civil detuvo al acusado tras una investigación impulsada por la Fiscalía de Móstoles. Según las pesquisas, el investigado operaba un supuesto centro de transfusiones veterinarias sin licencias ni control alguno, en el que extraía sangre a animales —muchos de ellos abandonados— hasta causarles la muerte.
El negocio consistía en la obtención de plasma que posteriormente vendía a clínicas veterinarias en España y en otros países de la Unión Europea. Cada bolsa de sangre de perro alcanzaba los 80 euros, mientras que la de gato se comercializaba por unos 85.
La Fiscalía sostiene que toda la actividad se desarrollaba "en la más absoluta clandestinidad". Los animales eran sometidos a extracciones completas sin reposición de fluidos y, en muchos casos, fallecían tras procedimientos extremadamente agresivos, como punciones directas en el corazón.
Durante la operación policial se localizaron cerca de 240 animales vivos en condiciones precarias, además de numerosos cadáveres. En total, se documentó la muerte de 60 ejemplares —27 perros, 29 gatos, tres conejos y un hurón—, todos ellos fallecidos por desangramiento, según las periciales practicadas. A la espera de juicio por delitos de maltrato animal, falsedad documental e intrusismo profesional, el caso sigue abierto.