La ampliación de la autopsia del pequeño Lucas –el niño de cuatro años asesinado de forma violenta en diciembre de 2025 en Garrucha (Almería)– concluye que la causa de la muerte fue un traumatismo abdominal "violento" que desencadenó un shock hemorrágico tras un desgarro hepático, en el contexto de un politraumatismo generalizado.
El informe, elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería y consultado por Europa Press, ratifica así las conclusiones ya adelantadas en enero y descarta que las lesiones mortales pudieran deberse a prácticas de curanderismo, tal y como había sostenido la defensa de la pareja de la madre del menor. Según el dictamen, la acción que provocó el fallecimiento fue un golpe de gran intensidad en la zona abdominal, incompatible con maniobras como masajes o "sobados".
Los forenses detallan que el niño presentaba una gran cantidad de sangre en la cavidad abdominal, con origen en una rotura del hígado provocada por ese impacto violento. La muerte se habría producido en un intervalo de horas tras la agresión.
Palizas y agresiones antes del asesinato
Además, la ampliación pericial incorpora nuevos datos sobre el estado previo del menor. En concreto, apunta a la existencia de lesiones antiguas, entre ellas fracturas en la zona costal y en el húmero izquierdo, que habrían sido causadas entre tres y seis semanas antes del fallecimiento. Estas lesiones serían compatibles con agresiones físicas, ya fuera mediante golpes directos —puñetazos, patadas o el uso de objetos contundentes— o mediante acciones indirectas como empujones o lanzamientos contra superficies duras.
El informe también recoge antecedentes documentados de violencia. Entre ellos, una asistencia sanitaria en octubre de 2025 en la que ya se describían hematomas en distintas partes del cuerpo del menor y lesiones de mordedura. A pesar de ello, el niño continuó conviviendo con su madre y la pareja de esta, quien tenía en vigor una orden judicial de alejamiento que le prohibía aproximarse tanto a la mujer como al menor.
La investigación judicial, que se sigue por presuntos delitos de asesinato y maltrato continuado, trata de esclarecer el grado de participación de ambos adultos. La Fiscalía sostiene que el menor pudo haber sido víctima de agresiones reiteradas en presencia de su madre, sin que esta lo impidiera.
El contexto del crimen
El caso se remonta al 3 de diciembre de 2025, cuando el cuerpo sin vida de Lucas fue hallado en un búnker abandonado de la playa de Garrucha, después de que su madre alertara a un familiar mediante un mensaje en el que reconocía haber abandonado al niño.
La búsqueda se resolvió en pocas horas con el hallazgo del cadáver, que presentaba signos evidentes de violencia. La madre, de 21 años y embarazada en ese momento, fue detenida, al igual que su pareja sentimental, que no era el padre biológico del menor.
Las primeras investigaciones ya apuntaban a una muerte violenta. La autopsia inicial determinó que el niño falleció a causa de un shock hipovolémico derivado de un desgarro hepático, compatible con una agresión, y reveló indicios de malos tratos continuados.
La actuación de los servicios sociales
El día de los hechos, el niño habría quedado al cuidado de la pareja de su madre. Posteriormente, y tras producirse la agresión, no se solicitó asistencia sanitaria pese a que el menor permaneció durante horas en estado crítico. Tras su fallecimiento, el cuerpo fue trasladado hasta el búnker donde finalmente fue localizado.
El caso también ha puesto el foco en la actuación de los servicios de protección. La familia del menor había alertado de su situación en varias ocasiones, y existía una intervención en marcha por parte de los servicios sociales, con una visita domiciliaria prevista para el 4 de diciembre, un día después del fallecimiento del menor.
Por el momento, la causa sigue bajo instrucción judicial mientras se decide sobre la situación procesal de los investigados y se analizan en detalle todas las pruebas periciales.