
Ley de Vivienda


Nuevo golpe de Sánchez a Ayuso y los propietarios: planea usar el TC para atacar los alquileres en regiones del PP
PSOE busca controlar precios de alquiler en regiones del PP usando el Tribunal Constitucional.
Kilómetro Cero: Nefastos efectos de la Ley de Vivienda en el mercado de alquiler
Jaume Segalés y su equipo nos hablan de la Ley de Vivienda y sus efectos en el alquiler, de los ataques y amenazas a los cazadores y de la cronopatía.

La inmobiliaria que se ha quedado sin anuncios de alquiler: "En 30 años, nunca había visto algo así"
El fundador del Grupo Balbuena, en Gijón, asegura que "la Ley de Vivienda ha aniquilado la oferta" y los clientes hacen cola desesperados.

El Gobierno convierte la búsqueda de alquiler en 'los juegos del hambre': la ciudad con 126 candidatos por anuncio
La limitación de precios y la impunidad okupa hacen que los propietarios huyan del alquiler de larga duración y se decanten por el temporal.

Sánchez destroza el alquiler y el acceso a una vivienda
La ley de vivienda del Gobierno ha distorsionado el mercado de alquiler, agravando la escasez y la inseguridad jurídica.

El juez que explica a los propietarios cómo echar a sus okupas: "Es un problema que curiosamente solo tenemos en España"
El magistrado del Supremo Vicente Magro publica "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble", un manual "eminentemente práctico".

La maldición de la Ley de Vivienda de Sánchez: si el propietario cae, cae el inquilino
La prohibición de la compra de pisos a extranjeros, impuesto "a la especulación", contratos de alquiler infinitos... son algunas nuevas ideas de la izquierda que amenazan al mercado del alquiler.

Qué está pasando con la vivienda: de los precios disparados a las soluciones que no se han probado
Analizamos con Sergio Nasarre las razones de los altos precios de alquiler y compraventa, de la intervención política a las dinámicas del mercado.

Del okupa caradura a los fondos buitres: quién se supone que debe resolver la política de vivienda
Incluso si admitimos ese supuesto "derecho" a la vivienda digna, la pregunta es: ¿quién tiene que garantizarlo: la administración o el ciudadano?