La propuesta del PSOE y Sumar, en su acuerdo de gobierno de sustituir las rutas aéreas peninsulares por viajes en tren de hasta dos horas y media, afectaría a los vuelos entre Madrid y Alicante, Barcelona y Valencia. Esto supondría el ahorro de casi 25.000 vuelos, la reducción de las emisiones en 200.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, y cerca de 38 millones de euros en costes económicos y sociales, vinculados sobre todo con el cambio climático.
El acuerdo de gobierno de coalición indica entre sus más de 230 medidas que ambas formaciones se comprometen a impulsar "la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales". Esto supone limitar los vuelos en avión a las distancias que superen los 350 kilómetros.
Desde la Comunidad Valenciana se han pronunciado ante esta "desacertada e incoherente" medida, y exigen que se mantengan los vuelos desde y hacia la capital, desde sus tres aeropuertos ubicados en Alicante, Valencia y Castellón de la Plana. El portavoz de Obras Públicas y Transportes del Grupo Popular en Las Cortes, Joserra González de Zárate, critica que desde el Gobierno de Sánchez ningunean a la Comunidad Valenciana, y señala la inexistente reivindicación del PSPV y Compromís por defender las grandes inversiones estratégicas.
El GPP, ante esta medida anunciada por la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha presentado una Proposición No de Ley para manifestar su "rechazo total" a la eliminación de esos vuelos, y lamenta que "las decisiones que toma el Gobierno siempre van en contra de mantener la posición estratégica que tiene la Comunidad Valenciana dentro del conjunto de España", y ha asegurado que desde el PPCV ya han advertido que "el acuerdo PSOE-Sumar para mantener a Pedro Sánchez en el sillón de La Moncloa va a traer muchos nubarrones para esta tierra".
En el caso de que se materialice la propuesta, la comunidad perdería más de un millón de euros y se pondrían en riesgo cientos de puestos de trabajo. El portavoz de Obras Públicas del GPP ha señalado que no conocen "ningún estudio económico ni medioambiental que avale esta decisión del Gobierno de Sánchez". Por lo que concluye que "se trata de pura ideología y sectarismo".